Aborto y eutanasia, dos temas morales cruciales en manos de Conde-Pumpido

El nombramiento de Cándido Conde Pumpido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional ha sentado muy mal en el PP dadas las maniobras del magistrado para favorecer los intereses socialistas. Pero es especialmente delicado por dos 'patatas calientes' sobre las que el alto tribunal tiene que decidir próximamente: la ley del aborto y la eutanasia.

En el caso del aborto, se trata de un recurso que el Partido Popular interpuso en 2010 contra la ley impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El requerimiento impugna por inconstitucionalidad ocho preceptos de la ley y la Disposición Final segunda. Entre ellos, se encuentra el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por mera decisión de la madre.

Según entiende el PP, la regulación «es absolutamente contraria» a la doctrina del TC respecto a que «no se penalizará el aborto cuando exista un grave conflicto entre la vida del nasciturus y otros bienes y valores de igual rango constitucional de la madre, y siempre ponderando los valores en conflicto». «Frente a esta exigencia, la nueva ley crea un sistema en el que la vida del no nacido en las primeras 14 semanas de gestación queda absolutamente desprotegida».

Así, «el reconocimiento de un derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta del embarazo» que establecía la ley resultaría incompatible con el artículo 15 de la Constitución que reconoce que «todos tienen derecho a la vida».

Otro de los asuntos polémicos es la eliminación del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar, punto que fue modificado por el Gobierno de Rajoy en 2015 pero que el texto de Igualdad ha vuelto a incluir. Para los recurrentes, este asunto es «manifiestamente inconstitucional» ya que, con ello, «disminuyen las garantías de la menor gestante, se impide a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, les impide también que le presten la asistencia y el apoyo familiar ante un hecho de gran trascendencia y se aminoran las garantías de la vida del nasciturus».

El PP también recurrió el régimen de regulación de la objeción de conciencia plasmado en la ley, «al limitarse solo a parte del personal sanitario y exigir requisitos que limitan su ejercicio». En la actual reforma, Irene Montero ha ido más lejos con la creación de un registro de médicos objetores.

Por último, los populares señalo «la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ideológica de género, así como el que se obligue a la práctica clínica de abortos».

Ley de eutanasia

En el caso de la ley de eutanasia, presentó otro recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley al entender que vulnera el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona. Se da la circunstancia que el magistrado que se hizo cargo de la ponencia era el propio Conde-Pumpido.

En este caso, el PP advertía de la falta de consenso político y social en la aprobación de la nueva legislación y la infracción del derecho a la vida recogido en el artículo 15. «En la medida en que el régimen establecido incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida y, en particular, de establecer un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión de lo que conlleva».

En la misma línea fue el recurso presentado por Vox contra esta ley. «No podemos apoyar una ley de eutanasia que nos lleva por una pendiente resbaladiza por la que ya se han deslizado los países en los que estas leyes se aplican», comentó Santiago Abascal durante la presentación del escrito.