La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon
Las claves de la ley trans que enfrenta a Escocia con el Gobierno británico
La controvertida norma ha propiciado que Londres haya vetado por primera vez en 25 años un proyecto de ley aprobado en Edimburgo
La polémica trans ha llegado al Reino Unido agitando –aún más– el conflicto entre Inglaterra y Escocia y generando incluso «una crisis constitucional», tal y como la ha calificado The Guardian. El pasado mes, el parlamento escocés aprobó una ley similar a la española –que impulsó Podemos y su ministra de Igualdad, Irene Montero–, por la cual se flexibilizan los trámites para que las personas trans obtengan un certificado de reconocimiento de género y puedan autoidentificarse.
El conflicto ha estallado debido al bloqueo que el Gobierno británico ha impuesto a la ley. Se trata de una decisión arriesgada y sin precedentes en los 25 años transcurridos desde la devolución de competencias a Escocia en 1998. Londres nunca había utilizado la sección 35 de la Ley de Escocia para vetar unilateralmente un proyecto de ley aprobado por el parlamento escocés. Las razones para llevar a cabo este veto tienen que ver con las diferencias que la nueva ley marca respecto al texto británico vigente.
Su aprobación en el parlamento de Holyrood, en Edimburgo, el pasado mes de diciembre, ya provocó divisiones dentro de los diferentes partidos. La norma salió adelante con una mayoría de 86 votos a favor por 39 en contra. Sin embargo, nueve de los 64 diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) rechazaron el texto y, en cambio, tres de los 28 diputados conservadores –partido del primer ministro británico, Rishi Sunak– decidieron apoyarlo en contra de la postura de su grupo.
Las claves de la ley trans escocesa
El principal cambio de la ley trans en Escocia con respecto a la del resto del Reino Unido es que rebaja de 18 a 16 años el derecho a optar a un cambio de género. Puesto que la mayoría de edad está establecida en los 18 años en todo el territorio británico, esta modificación propiciará que los menores de edad de entre 16 y 18 puedan cambiar oficialmente de género en el registro.
Pero uno de los puntos más polémicos no es este, sino que la ley escocesa elimina el requisito de presentar un informe médico que avale una disforia de género para poder acudir al registro. De igual manera, la norma de Londres establece necesario portar una autorización para llevar a cabo la transición por parte de un panel especializado, algo que también quedará suprimido en territorio escocés.
La ley de Edimburgo establece, asimismo, que las personas que quieran optar a ese cambio deberán firmar una declaración en la que certifiquen que llevan viviendo al menos tres meses con su nuevo género, que se elevará a seis en el caso de los menores de 18 años. Esto supone una diferencia notable, ya que hasta ahora, era necesario haber vivido con esa nueva identidad durante 24 meses.
El texto establece un período de reflexión de tres meses para que todos aquellos que solicitan el cambio puedan revertirlo fácilmente. Además, se especifica que quienes cambien su género de forma fraudulenta podrán ser imputados penalmente y enfrentarse a penas de hasta dos años de cárcel.
El Gobierno de Nicola Sturgeon ha defendido que la nueva ley mejora un proceso intrusivo para las personas transexuales. En el lado contrario, sin embargo, se sitúan tanto voces conservadoras como del feminismo clásico, como es el caso de la de la escritora J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, bajo la premisa de que esta ley resta derechos a las mujeres.
Veto de Londres
El secretario de Estado para Escocia, Alister Jack, emitió el pasado lunes la orden que impide que el proyecto de ley sobre la autodeterminación de género en Escocia sea finalmente ratificado. La decisión se tomó «tras una consideración minuciosa y cuidadosa de todos los consejos relevantes y las implicaciones políticas».
Con esto, desde Inglaterra empujan a Edimburgo a presentar un proyecto de ley enmendado y con el que trabajar de forma conjunta y «constructiva» con Londres para que «respete» el funcionamiento del Parlamento británico.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirma que este movimiento supone un «ataque frontal» al Parlamento escocés y a su capacidad para tomar sus propias decisiones. «El Gobierno de Escocia defenderá la legislación y defenderá al Parlamento. Si este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos», ha alertado Sturgeon en su perfil oficial de la red social Twitter.
