Cuatro de cada diez asesinadas por violencia de género habían iniciado un proceso judicial

Las políticas del Ministerio de Igualdad contra la violencia de género no dan sus frutos. En lo que llevamos de enero, seis mujeres han sido asesinadas en España, de las cuales dos habían denunciado. Una proporción que se repitió a lo largo del año 2022, en el que la cifra de muertas llegó a la escalofriante cifra de 49.

De ellas, 19 –un 39 por ciento– habían iniciado un proceso judicial y cinco de ellas tenían medidas de protección vigentes. El porcentaje aumenta si tenemos en cuenta solo las que habían interpuesto una denuncia –tanto por ellas mismas como por terceros– o se tenía constancia de su caso, que asciende a un 43 por ciento. Estas cifras marcan un récord desde que existen registros.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, destaca que estos datos son provisionales a la espera de que se produzcan revisiones o avancen las investigaciones. Por edades, una de cada tres tenía entre 41 y 50 años y más de la mitad tenía entre 31 y 50, unas cifras que son similares en el caso de los condenados. El día de la semana en el que más asesinatos se produjeron fue el lunes, seguido por el fin de semana.

Además, el 20,4 por ciento de los agresores se suicidaron –por lo que obviamente «no habrá proceso penal», según subraya Rosell–, el 28 por ciento lo intentaron y la gran mayoría, el 61,2 por ciento, no lo intentó en ningún caso.

El Comité de Crisis, conformado por los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior junto a las autonomías se reunirá este viernes por segunda vez para analizar estos datos e intentar encontrar una respuesta a por qué no funcionan las medidas para evitar estos asesinatos.

Llama la atención que, en la contabilización del Ministerio de Igualdad se recoja el asesinato por parte de sus padres –varones– de dos niños pero, por contra, no se contabilicen los casos de menores que han muerto a manos de sus madres.

Ley del 'solo sí es sí'

Desde el Ministerio de Igualdad no rectifican y afirman que la ley del 'solo sí es sí' sirve y que más mujeres «van a acceder a las denuncias, por lo que deberían de producirse más condenas y más eficaces y van a sufrir menos victimización».

Rosell ha calificado de «inesperadas y sorpresivas» las reducciones de condenas y excarcelaciones que llevan meses sucediéndose en nuestro país. Ante esta situación, la delegada ha defendido la medida de instalar pulseras GPS a los excarcelados ya que «mandan un mensaje claro a la agresor de que no se ha terminado su condena».

Además, ha llamado a la calma al destacar que son más las sentencias que no se han revisado y ha acusado, una vez más, a los medios de comunicación de «crear alarma» después de que 259 delincuentes sexuales se hayan beneficiado de la reducción de penas o incluso de la excarcelación.

Rosell ha incidido también en que con esta nueva ley se ha modificado el tercer grado, de manera que en la revisión de penas los reos «tienen que haber certificado no solo la mitad de la condena, sino también el aprovechamiento del tratamiento por condenados de agresión sexual». Esto, argumenta, , puede suponer un alargamiento en prisión porque «se dificulta el acceso a la excarcelación».