Imagen de una de una de las zonas por donde pasa el trasvase Tajo-Segura
‘Guerra del agua’ Las razones por las que los regantes del Levante rechazan el agua desalada que les impone el Gobierno
Los campesinos rechazan la «actitud dictatorial» del Ministerio porque supone un alto coste y tiene un gran impacto medioambiental
El hecho de que el Gobierno haya confirmado el recorte en la cantidad del agua trasvasada entre los ríos Tajo y Segura no quiere decir que los regantes del Levante español se hayan resignado. Es más, todo lo contrario. Aunque el Consejo de Ministros aprobase esa decisión en base a ningún informe científico, no les ha hecho flaquear.
Buena muestra de ello es que los numerosos colectivos afectados no se han dejado sucumbir por las buenas palabras y cantos de sirena provenientes de la Moncloa y del propio Palacio de la Generalitat Valenciana.
Una de esas promesas es la del agua desalada. Tanto la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como el presidente valenciano, Ximo Puig, llevan días evocando las supuestas bondades que esta clase de agua les proporcionará a los campesinos de Alicante, Murcia y Almería.
Sin embargo, la realidad es bien distinta y los agricultores, salvo que sea a modo «circunstancial», no quieren ni hablar de este tipo de agua.
Agua desalada «por la fuerza»
Para explicarlo, el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en la provincia de Alicante, José Vicente Andreu, atiende a El Debate.
Según explica, la decisión del Ministerio ha sido la de «imponer a la fuerza la única alternativa del agua desalada» bajo la premisa de «sí o sí».
Preguntado por las razones que llevan tanto a su colectivo como a tantos otros de la zona a plantarse frente a la postura del Gobierno central, además de la actitud «dictatorial», Andreu apunta dos más.
Una de ellas es la medioambiental. Al respecto, el responsable alicantino de ASAJA refuta los argumentos facilones de los que se les han acusado y es contundente al asegurar que los agricultores «siempre están por delante los ecologistas».
De este modo, critica que mientras a estos «solo se les ve cuando están bien pagados», son los propios campesinos los que protestan contra la instalación de desaladoras porque estas «necesitan 500 veces más energía para que el agua llegue al campo».
Por tanto, Andreu rechaza el activismo ecologista en este tema porque, lejos de que sus seguidores se hayan sumado a los beneficios del agua trasvasada, han optado por «estar al servicio del poder y de quienes les pagan».
A colación del ecologismo y del Medio Ambiente, Andreu aporta el segundo argumento por el que las asociaciones agrarias levantinas se niegan a utilizar el agua desalada como base para sus cultivos.
En lo que respecta al ámbito económico, el presidente de la asociación agraria afirma sin dudar que la obligatoriedad del Gobierno de Pedro Sánchez a que los regantes recurran al agua desalada les va a suponer un coste «insoportable».
Un manifestante, durante la protesta en Madrid.
Para intentar contentar a todos, reconciliarse con Sánchez por un lado y no terminar de irritar a los agricultores por el otro, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, anunció medidas al respecto.
Entre ellas están la de la bonificación de diez céntimos de euro en la compra de agua desalada o que los colectivos puedan estar presentes en una hipotética mesa de seguimiento del trasvase.
«Es lamentable que estén intentando hacer encaje de bolillos para ver cómo pueden hacer que el agua sea medianamente asequible», denuncia Andreu.
Asimismo, aporta un dato de enorme importancia sobre la subvención al agua desalada que el Ejecutivo ha querido pasar por alto:
«La Unión Europea prohíbe este tipo de bonificaciones porque no se puede subvencionar una actividad económica en general per se, sino únicamente en una situación determinada. Es un timo total», zanja contundentemente Andreu.
Respecto a la voluntad de diálogo expresada por Teresa Ribera y Ximo Puig, el presidente de ASAJA-Alicante asegura que la actitud de la vicepresidenta y ministra «nunca» fue la de negociar:
«Lamentamos que ese afán de conversación por parte de la mencionada ministra no haya existido durante estos últimos años, cuando los agricultores y regantes hemos insistido para que se nos tenga en cuenta en la planificación que hoy ha aprobado tras una actitud déspota y dictatorial».
Por tanto, aunque el Gobierno central haya dado carpetazo legislativo a este asunto, la realidad dice que es un tema que está lejos de resolverse.
Entre los recursos al Tribunal Supremo de las diferentes administraciones afectadas y las protestas de los regantes, lo concerniente al trasvase Tajo-Segura va a seguir dando de sí.