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Una mujer asiste junto a su perro a la tradicional bendición y desfile de animales con motivo de San AntónEuropa Press

La ley de animalista valenciana adelanta a la estatal y prevé sanciones de hasta 45.000 euros

Al igual que la impulsada por Ione Belarra, cuenta con disparates tales como la obligación a los cazadores de recoger los excrementos de sus perros en el monte

El pleno de Las Cortes Valencianas dio luz verde este jueves a la ley de bienestar animal de la comunidad, una norma que se adelanta a la estatal y sustituye a la anterior de hace casi 30 años, con los votos a favor de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) y el «no» de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox).

Entre las novedades más significativas, se impondrán sanciones de hasta 45.000 euros a los casos maltrato más graves y se perseguirá la venta y cría de animales de compañía, algo que quedará limitado a profesionales autorizados. Además, va más allá que la impulsada por Ione Belarra, ya que incluye a los perros de caza y los considera animales de compañía.

Esta ley persigue el «sacrificio cero» de animales y los considera como «seres sintientes» y no simples mascotas. Para ello, se prioriza la adopción y se obliga el registro y la identificación de los animales domésticos, con un plazo de seis meses para que los propietarios los inscriban en un registro supramunicipal.

Las sanciones se gradúan en función de los casos leves de maltrato –de cien a 3.000 euros–, como no atender correctamente a los animales, no identificarlos o no retirar los excrementos, o los muy graves –hasta 45.000 euros, con posibilidad de decomisar los animales– como sacrificarlos, maltratarlos o explotarlos.

En general, se prohíbe el sacrificio, salvo en los supuestos previstos, así como el maltrato, mantener a los animales atados permanentemente, suministrarles drogas sin supervisión veterinaria, no darles comida o agua suficiente, criarlos o venderlos sin licencia, dejarlos en coches sin supervisión o adiestrarlos para peleas.

La norma especifica que los collares de estrangulamiento con púas o eléctricos solo los podrán utilizar profesionales y prevé la creación de un registro de personas y entidades inhabilitadas que hayan cometido infracciones o delitos de maltrato hacia los animales.

Polémica

Pero el texto no está exento de controversia. Y es que, entre las excepciones de las que disfrutan los perros que realizan tareas específicas –como los perros guía, los de rescate o los de caza– no se encuentra la recogida de sus excrementos. Por tanto, un cazador se verá obligado a recoger los desperdicios que su animal deposite «en aceras, paseos, jardines y, en general, en espacios públicos o privados de uso común».

Según el Partido Popular, este apartado obligaría a tener que recoger los excrementos en espacios públicos o privados tales como el monte o el campo, algo que no tiene mucho sentido. En caso de incumplirlo, las multas previstas por esta infracción leve irán de los 100 a los 3.000 euros.