Así te afectan los dictados más inauditos de la ley de bienestar animal

La ley de bienestar animal ha hecho correr ríos de tinta. Desde sus primeros pasos, hasta su posterior aprobación –con enfrentamiento incluido por la inclusión de los perros de caza en la norma entre los dos socios de la coalición–, es una de las leyes que más controversia ha creado, dado la gran cantidad de mascotas y animales de compañía que existen en España.

Aunque nace con la premisa de mejorar la vida de estos seres, lo cierto es que la ley tiene un tufillo intervencionista y demagogo que hace pasar ante la sociedad como un bulto sospechoso a cazadores y dueños de animales.

Con la norma, peligran ciudadanos y negocios, bajo la amenaza de multas sangrantes. Y como no podía ser de otra manera, abre la puerta a creación de múltiples 'chiringuitos' donde poder colocar al asesor o amiguete de turno. Todo ello con dinero público.

Perros con cursillo

La población canina en España es de 7,5 millones. Una cifra que incluso supera a la de menores de 15 años, que estaría en 6,6 millones.

Una de las más cosas más llamativas que incorpora la ley es que todo aquel que sea dueño de un perro o que quiera adoptar a un can en su familia tendrá que realizar un curso obligatorio que, de no tenerlo, podrá ser motivo de sanción.

Además, tanto el dueño como su perro deberán pasar un test que valorará su aptitud y evaluará cómo ambos se desenvuelven en el ámbito social. Y por supuesto, no hay que olvidar contratar un seguro de responsabilidad civil.

Pueblos sin médico pero con veterinario

Los pueblos de España se vacían y con ello, pierden servicios e infraestructuras. Uno de los problemas más acuciantes de eso que han venido a llamar la España vaciada es la ausencia de médico rural, un verdadero drama.

Mientras ese problema continúa latente, con esta ley, todos los ayuntamientos tendrán que contar con un servicio de urgencia de recogida y atención veterinaria de animales extraviados y abandonados que esté disponible «las veinticuatro horas del día». Resulta paradójico que se obliga a prestar un servicio de atención sanitaria para los animales que no llega a los residentes de algunas localidades.

Cuidado con la terraza

Tener terraza, y más en la ciudad, suele ser un lujo al que muchos, por las características de su vivienda, no pueden aspirar. Y si no, que se lo digan a aquellos que sufrieron el confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus sin tener un espacio al exterior donde salir a respirar aire puro.

Pero cuidado con dejar a tu animal de compañía en estos habitáculos. Así, los propietarios de animales no podrán dejarlos en terrazas, patios o sótanos, así como atados sin supervisión. Para aquellos ejemplares que, por tamaño o característica de su especie, no puedan vivir en el núcleo familiar, deberán disponer de un alojamiento adecuado.

¿Propietario de un negocio?

¿Eres propietario de un negocio o establecimiento de cara al público? Pues mucho cuidado, no vayas a tener un disgusto y no en forma de impuesto, sino de sanción.

Y es que esta ley quiere asegurarse que aquellas tiendas que no permitan la entrada de animales a su interior sean perfectamente reconocidos por los ciudadanos.

La norma parece querer mandar un mensaje intimidatorio a los propietarios de estos locales, ya que, en el caso de entender que los animales no deben traspasar sus puertas, estarán obligados a colocar «un distintivo que lo indique» y que sea «visible desde el exterior del establecimiento».

Creación de 'chiringuitos'

Barra libre para colocar asesores, amiguetes o puestos de nueva creación.

La ley nace auspiciada por un Ministerio controlado por Unidas Podemos, como el de Derechos Sociales y Agenda 2030. De ahí, depende el director general de Derechos Animales, Sergio García Torres. Un cargo a dedo para el promotor de la norma que además, prometió dimitir si no conseguía incluir en ella a los perros de caza. Él de momento, no abandona el cargo.

Pero hay más. La ley establece la creación de un Consejo Estatal de Protección Animal dependiente del departamento de Belarra, así como de un Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, así como «de cuantos órganos colegiados de colaboración o asesoramiento resulten necesarios para la coordinación de sus políticas».

También se instaurará un Fondo para la Protección Animal que beneficiará a, entre otros, «organizaciones no gubernamentales o entidades privadas cuya labor se desarrolle total o parcialmente en materia de protección animal».