Los edificios residenciales tendrían que alcanzar, como mínimo, la clase de rendimiento energético E
Bruselas quiere que todos los edificios de nueva construcción sean de «cero emisiones» para 2028
Los estados miembros establecerán las medidas necesarias para lograr estos objetivos en sus planes nacionales de renovación
Europa quiere avanzar en los edificios sostenibles y en la inclusión de energías renovables en cada uno de ellos. Así lo ha mostrado el pleno del Parlamento Europeo, que ha adoptado este martes un proyecto para que todos los edificios de nueva construcción estén equipados con tecnologías solares para 2028, cuando sea técnicamente adecuado y económicamente factible, mientras que los edificios residenciales en proceso de renovación importante tienen hasta 2032.
La posición de la Eurocámara ha sido respaldada por 343 votos a favor, 216 en contra y 78 abstenciones, mientras que los eurodiputados deberán iniciar ahora negociaciones con el Consejo para acordar la forma final del proyecto de ley.
Los edificios residenciales tendrían que alcanzar, como mínimo, la clase de rendimiento energético E para 2030 y D para 2033, en una escala que va de la A a la G, esta última correspondiente al 15 % de los edificios con peor rendimiento del parque nacional de un país miembro.
Por su lado, los edificios públicos y no residenciales deberán alcanzar las mismas calificaciones para 2027 y 2030, respectivamente.
La mejora en el rendimiento energético, que puede tomar la forma de trabajos de aislamiento o mejora en el sistema de calefacción, tendrá lugar cuando se vende un edificio o se somete a una renovación importante o, si se alquila, cuando se firma un nuevo contrato.
Los estados miembros establecerán las medidas necesarias para lograr estos objetivos en sus planes nacionales de renovación y podrán decidir excluir de la normativa los edificios protegidos por su especial valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, los edificios utilizados temporalmente, las iglesias y los lugares de culto.
Asimismo, podrán eximir las viviendas sociales públicas, donde las renovaciones darían lugar a aumentos de alquiler que no pueden compensarse con ahorros en las facturas de energía.