Un aluvión de hombres acude al Registro Civil para cambiarse de género

La ley trans de Irene Montero empieza a desmontarse. Hace dos semanas que los Registros Civiles de España están obligados a informar o cambiar el género de todas aquellas personas que quieran acogerse a la controvertida norma de la titular de Igualdad. Las cifras hablan por sí solas, y es que la referencia de los registros civiles de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) «muestra que la mayor parte de los solicitantes son hombres».

Antes de la entrada en vigor de la ley, la ministra de Igualdad en una entrevista ofrecida a la Cadena SER, aseguraba que no iba a haber «ningún hombre» en nuestro país que buscase ir al registro a decir que «es una persona que no es» para disfrutar de unas supuestas ventajas. Desde entonces, varios varones han declarado en redes sociales que iban a cambiar su sexo para obtener los «beneficios de las mujeres».

Esto podría suponer un fraude de la ley, que se regula en el artículo 6 del Código Civil: Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Los datos hablan por sí solos. Según los datos a los que ha tenido acceso El Debate, solamente en el Registro Civil de La Coruña, durante la primera semana tras la aprobación de la ley, la cifra de hombres que pidieron cambiar su sexo supera en más de 40 casos a las mujeres. En el de Oviedo hubo cuatro peticiones, todos deseando cambiarse a sexo femenino.

Los datos no están del todo claros, pero lo que sí aseguran es que la mayor parte de los cambios de género son de hombres. En este sentido, en Sevilla hubo una sola petición pero, a consecuencia de la huelga de los Letrados de Administración de Justicia, no se pudo formalizar. En Granada se contabilizaron dos cambios de la misma condición.

En este sentido, también han aumentado las llamadas telefónicas para pedir información, pero para los funcionarios no está siendo fácil, ya que no tienen más instrucciones que las que envió la Dirección General de la Fe Pública y Seguridad Jurídica el día que entró en vigor, después de que denunciasen la falta de instrucción.

La formación que les proporcionaron fue «insignificante» porque se limitaron a citar cinco artículos de la ley y un folleto del Ministerio de Igualdad, donde lo que hay son unos enlaces colectivos LGTBI, explica el presidente del CSIF.

Los funcionarios de Justicia también temen a la posibilidad de ser «castigados» por cualquier apreciación de fraude. Y es cualquier administración que dificulte u obstaculice el ejercicio de los derechos que derivan de esa ley puede tener una multa de hasta 150.000 euros. Con lo cual «parece muy claro que no se puede cuestionar el tema».