Seis presos de Asturias tramitan su cambio de género para trasladarse al módulo de mujeres

Los registros civiles ya alertan de que el número de hombres que acude a cambiar su género ha aumentado desde que se aprobó definitivamente la ley trans, impulsada por Irene Montero y su Ministerio de Igualdad. Una norma que generó polémica en su tramitación y que ahora comienza a tener consecuencias. El pasado jueves conocíamos que un aspirante a la Policía Local de Torrelodones (Madrid) había alegado ser una mujer para realizar las pruebas físicas en función a los baremos femeninos.

Ahora conocemos un nuevo escándalo que puede convertirse en una revolución: seis reclusos del centro penitenciario de Asturias han iniciado los trámites para cambiarse el género registral y poder así pedir el traslado a un módulo femenino.

Así lo recoge el medio regional La Nueva España, que expone que dos presos han pedido al Registro Civil de Llanera que proceda a rectificar la mención registral de su sexo para figurar como mujeres en vez de hombres, y otros cuatro lo solicitarán «en breve». Todos ellos querrían cambiarse al módulo femenino a pesar de que uno de ellos está en prisión por un delito de violencia de género.

El diario asturiano recoge que los reclusos apelan en el escrito al artículo 43.1 de la ley trans, que dice que toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años «podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo». Gracias a la autodeterminación de género que avala este nuevo texto, los solicitantes no tendrán que presentar un informe psicológico o de disforia de género ni tampoco acreditar una modificación de apariencia o de físico.

Una vez emitida la solicitud, el Registro Civil iniciará los trámites y les llamará en unos tres meses como máximo para corroborar el cambio. Veremos lo que ocurre cuando, formalizada esta modificación, los reclusos soliciten el cambio de módulo, y es que según la instrucción de 7/2006 de Instituciones Penitenciarias, los transexuales femeninos pueden ingresar en módulos de mujeres aunque no se hayan sometido a una operación de cambio de sexo o conserven oficialmente su nombre de varón, pero tras un trámite de treinta días y previos informes médico y psicosocial, algo que, a priori, iría contra los principios de la ley de Montero.

79 personas trans en prisión

Las cárceles dependientes de la administración central –todas excepto las del País Vasco y Cataluña– acogen a 79 personas transgénero, de las que 22 son mujeres trans que están internas o bien en cárceles exclusivamente femeninas, o en módulos de mujeres dentro de prisiones mixtas. Otros seis son hombres trans que viven en instalaciones masculinas, según datos de Instituciones Penitenciarias a los que ha tenido acceso Efe.

Prisiones no detalla el género ni la ubicación de los 51 internos trans restantes, un colectivo que representa, aproximadamente, el 0,17 % de las más de 46.000 personas que forman parte de la población reclusa.

El ingreso en prisiones femeninas de mujeres trans (que nacieron con el sexo biológico masculino) ha sido uno de los argumentos esgrimidos por ciertos colectivos feministas y partidos de la oposición contra la autodeterminación de género recogida en la recientemente aprobada ley trans, al entender que podría suponer un peligro para las internas.

La ley no establece ningún protocolo específico para el tratamiento de las personas trans en las prisiones, donde, de hecho, desde 2006 ya se permite a personas que no se identifican con su sexo oficial cambiar de módulo, en algunos casos incluso sin haber dado el paso de modificar su sexo en el registro.

La Ley General Penitenciaria marca la separación interna de los reclusos por sexo, pero hace 17 años el Ministerio del Interior estableció un procedimiento por el cual los reclusos pueden solicitar su cambio a un módulo acorde con su «género sentido» aunque no hayan cambiado su sexo en el registro.

El protocolo ideado por Interior establece como requisito para el cambio de módulo la superación de una valoración médica y psicológica, así como el reconocimiento de la identidad psicosocial de género.

La decisión de en qué módulo se internará a cada preso la toma un «equipo técnico multidiscipliniar», del que forman parte tanto educadores y psicólogos como trabajadores sociales. Este equipo evalúa todas las circunstancias personales del recluso –entre las que se encuentra su sexo biológico y registral– para dictaminar en qué espacio debe cumplir su condena, aunque esta decisión es reversible.