Una asociación pro derechos humanos pide que se proteja a los menores de la ley trans del Gobierno

La organización Grupo Krisol Pro Derechos Humanos Adriano Antinoo ha pedido a los ministerios de Igualdad y Sanidad un nuevo reglamento para desarrollar uno de los artículos de una de las leyes más políticas y controvertidas creadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que entró en vigor el pasado mes de marzo a pesar de la negativa de varios partidos políticos.

El apartado al que se refiere la entidad está dedicado a la salud integral de las personas intersexuales. Por ello, recuerdan a los departamentos que dirigen José Manuel Miñones e Irene Montero que esta norma, según lo publicado en el artículo 19, prohíbe todas las prácticas de modificación genital en los menores de 12 años, salvo en los casos en que las «indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona».

A su juicio, este apartado deja un «amplísimo margen interpretativo» a todos los profesionales sanitarios que puedan, con la mejor intención, actuar en estas intervenciones, pero en contra del interés supremo del menor intersexual. Además, con esta ley los jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 14 años pueden acceder a dichas prácticas «siempre que por su edad y madurez puedan consentir de manera informada la realización» de las mismas.

En este sentido, la organización propone a los ministerios que se inspiren en la ley alemana para «proteger así a los niños del desarrollo sexual». Para ello, ha enumerado las tres situaciones que establece el modelo de Alemania. En primer lugar, aquellas acciones que tengan únicamente como objetivo ajustar o alterar la apariencia física del menor «que se considera ilegal» y para la cual «el consentimiento parental no es posible».

También tienen en cuenta aquellas que «no puedan ser pospuestas porque son vitales». Para estas sí es posible el consentimiento parental, aunque está abierta a una revisión posterior en virtud del derecho penal o civil.

Por otra parte, está preocupada por la «desprotección» de la legislación española hacia las personas intervenidas quirúrgicamente en el pasado y que ahora tienen derecho a acceder a los expedientes médicos por «supuestamente haberse perdido o extraviado».

Para esta situación, tal y como recoge la Europa Press, reclaman la creación de una mesa técnica para analizar la situación sanitaria de las personas intervenidas quirúrgicamente en el pasado. Este mismo organismo, según han señalado, puede ser el responsable de desarrollar el reglamento antes mencionado con «expertos, y representantes de entidades intersexuales».