¿Por qué van a demoler en los próximos meses la presa de Los Toranes?

La presa de Los Toranes, en Teruel, tiene los días contados. Si nada cambia, en los próximos meses será demolida, poniendo fin a 75 años de funcionamiento. Una decisión que enfrenta ahora a los vecinos de los pueblos aledaños, a los ecologistas y a los políticos, confrontados incluso dentro de sus propios partidos.

En medio de la pertinaz sequía, son muchos los que no entienden por qué se destruyen embalses. Es cierto que España lidera la eliminación de barreras fluviales –presas, represas, azudes y similares–, con 108 obras o estructuras demolidas o retiradas en 2021 y 133 en 2022, según el informe Dam Removal Progress 2021. Pero no todos ellos sirven para el regadío o para el abastecimiento humano. En el caso de Los Toranes, ¿qué interés hay detrás del derribo?

Este embalse se construyó en sobre el río Mijares a su paso por Albentosa (Teruel) en los años 40 para un aprovechamiento hidroeléctrico por parte de Iberdrola. Una vez caducada la concesión de 75 años –lo hizo en 2018, momento desde el que la compañía no lo explota–, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) decidió su derribo basándose en informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar que plantean que su mantenimiento es «contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y al plan hidrológico» y su rentabilidad, «dudosa».

Iberdrola evitó asumir los costes de esta obra, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó un recurso de la compañía energética para que las instalaciones revirtieran al Estado. Por ende, será la empresa la que corra con los gastos de la demolición, que ocurrirá en los próximos meses.

Los vecinos, en contra

A pesar de que el Gobierno central decidió su demolición por razones ambientales y por su inviabilidad energética y económica, un informe encargado por los ayuntamientos de Albentosa, Olba y San Agustín –las tres poblaciones que rodean el embalse– señala que la central puede generar unos 700.000 euros al año de beneficio, además de producir energía verde. De igual forma, sus defensores destacan que es eficaz para la extinción de incendios y para mantener los regadíos de la zona y no entienden cómo se va a demoler si en el propio informe del Miteco se especifica que funciona.

Yolanda Salvador, alcaldesa socialista de Albentosa, en declaraciones a Cuatro, comenta que la comarca vive del turismo y el pantano lo dota de un entorno privilegiado. Las consecuencias del derribo serán, según la regidora, desastrosas y afirma que se convertirá en un secarral y que puede afectar al paraje natural: «Sería demoler la zona, no la presa».

La capacidad del embalse es de medio hectómetro cúbico (500 millones litros). A pesar de su inactividad desde hace cinco años, sus defensores alegan que los regantes se siguen beneficiando de su agua y que ha servido para apagar varios incendios por la zona, que además cada vez son más frecuentes debido al aumento de las temperaturas y la escasez de lluvia.

Son los ecologistas los que si se muestran favorables al derribo, ya que así el río recuperaría su cauce natural y se podría regenerar. Más de 45 organizaciones ambientalistas, científicas y deportivas respaldaron la eliminación de la presa.

Enfrentamiento entre dentro del PSOE

Aunque la decisión del derribo viene del Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por la socialista Teresa Ribera, el PSOE de Teruel y el Gobierno aragonés, también del mismo partido, no comparten la medida.

Los socialistas turolenses ya mostraron en 2021 su apoyo a los pueblos afectados y resaltaron los múltiples beneficios tanto hidráulicos, medioambientales y económicos que brinda a gran parte de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, inició en mayo de 2021 el expediente para la declaración de la presa de los Toranes, la central hidroeléctrica de Albentosa-Los Toranes y la acequia de El Diablo como Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés. Sin embargo, no prosperó debido a que son infraestructuras propiedad del Estado, por lo que invade sus competencias y ha ser el titular el que lo catalogue como BIC.

El consejero de agricultura, Joaquín Olona, se ha mostrado desde el comienzo de la polémica del lado de los pueblos y ha apelado al Gobierno central a buscar la compatibilidad entre el mantenimiento de la presa y los objetivos ambientales.

Estamos, por tanto, ante un enfrentamiento a varias bandas entre militantes de un mismo partido, el PSOE. Y es que los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, los del Gobierno de Aragón y los alcaldes de los pueblos –dos de los tres, del PSOE–, tienen pareceres diferenciados ante el futuro de una presa que, salvo sorpresa, quedará reducida a escombros en poco tiempo.

Ribera cede ante Vara

Ante la polémica por el derribo de estas presas, el Gobierno comienza a dar marcha atrás en sus intenciones. En concreto con el caso de la presa de Valdecaballeros, en Badajoz. Estaba previsto demolerla, pero ahora el Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico (Miteco) está evaluando técnicamente no hacerlo ante el interés mostrado por la Junta de Extremadura.

El Ministerio recalca que nunca ha sido un embalse destinado a garantizar el abastecimiento de agua, pero admite que la Junta quiere preservarla, por lo que apunta que «se está evaluando técnicamente la posibilidad de estimar la demanda de mantener esta infraestructura».

Y es que Extremadura presentó un recurso contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica de demoler la presa, algo que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha considerado un «verdadero disparate» porque a la región le «hace falta» dicha infraestructura.