Una enfermera atiende a un bebé en la UCI de neonatología del Hospital Clínic de Barcelona
La lucha por la vida
El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha reconoce que no encuentra médicos que quieran practicar abortos
El Gobierno castellano-manchego lleva tiempo intentando «captar» a algún profesional para practicar estos infanticidios
En 2022 ya se sabía que Castilla-La Mancha no practicaba abortos porque, según la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, todos los profesionales de los hospitales públicos «están acogidos a la objeción de conciencia». Un año más tarde, y ya puestas en marcha las 'listas negras' impuestas por Irene Montero, la política del PSOE ha querido recordar que en la región no hay especialistas en la sanidad pública que quieran llevar a cabo estos infanticidios.
La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego no sabe cuántos objetores hay, pero sí ha dejado claro que si hubiera en este momento médicos especialistas en la sanidad pública que estuvieran dispuestos a matar a los aún no nacidos, prestarían este servicio en la sanidad pública directamente, porque uno de los principales objetivos del partido es «poder hacerlo».
Los facultativos de Castilla-La Mancha no son los únicos que dejan de lado uno de los puntos más polémicos de la controvertida ley del aborto aprobada en 2023 por el Ministerio de Igualdad. Desde que salió a la luz esta medida, los médicos, principales protagonistas de la reforma de la ley del aborto, han criticado la situación.
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña, Chano Vidán, ha apuntado que en cualquier país libre y democrático las listas negras «no proceden». Esta medida obliga a todos los facultativos a ejecutar un acto que va en contra de su conciencia. «Es algo que creo que no debo hacer. Es más, me repugna hacer», ha aclarado.
La objeción de conciencia es un hecho constitucional, por lo tanto, según asegura el doctor de La Coruña, cualquier médico que considere que no debe ejercer por sus convicciones morales o éticas «debe ser respetado».
«Como no podemos obligar a nadie», ha continuado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, «también estamos en la obligación y además creemos en el respeto a la objeción de conciencia». Por lo tanto, explica, «respetamos la decisión de los profesionales», ha recalcado Fernández.
Tras estas declaraciones, la política ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva tiempo intentando «captar» a algún profesional de fuera de la sanidad pública que se pudiera incorporar al Sescam, pero es «muy difícil». «No hay profesionales de la medicina, como ustedes saben, en paro precisamente, y menos de la ginecología».
Tras las declaraciones, Fernández se ha justificado. Ha justificado que aunque se esté criticando al Gobierno de Castilla-La Mancha, lo que están haciendo es «cumplir la ley y respetar la objeción de conciencia».