El Estado se olvida y deja de lado a los pacientes con cáncer: «Me han denegado el expediente»

Antonio, nombre ficticio, logró curarse del cáncer cuando era un adolescente. Desde 2019, justo antes de comenzar la pandemia por coronavirus, recibió una mala noticia, había recaído y tuvo que someterse a una intervención de cirugía mayor para aliviar sus dolores y volver a curarse. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez cerro el país, la empresa en la que trabajaba el paciente oncológico, que es consultor informático, cerró y se quedó sin trabajo. Tampoco pudo cobrar el ERTE porque su empresa no tenía capacidad para ello, pero llegaron a un acuerdo.

Cuando se decretó el estado de alarma, muchos ciudadanos tuvieron que solicitar el paro. Según asegura Antonio «fue una odisea», ya que él solicitó la ayuda en mayo y se la concedieron en agosto tras varios intentos. Dos meses antes, y con varios problemas administrativos, recayó, y en septiembre tiene que someterse a la segunda intervención de cirugía mayor. En diciembre de 2020 se le agotó el paro y tuvo que reestructurar su vida.

En mayo de 2021 me vuelven a detectar otra recaída. Tras varios exámenes y pruebas, en octubre le volvieron a operar y, tal y como ya le habían avisado, perdió el riñón izquierdo porque «el cáncer había afectado a esa zona y era muy complicado salvarlo». Después de la tercera intervención Antonio salió mucho más afectado, los dolores eran cada vez más fuertes y llevaron a necesitar morfina para poder dormir y para pasar el ingreso.

Tras dos semanas en el hospital, decidió pedir la incapacidad permanente, ya que el paciente oncológico no podía trabajar porque ninguna empresa quiere a un trabajador que cada cierto tiempo «se tumbe en el suelo para aliviar el dolor». Un mes antes de su operación, su madre falleció, por lo que estaba solo, sin apenas ayudas.

En mayo de 2022, la doctora de cabecera de Antonio decide realizar una solitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social con la propuesta de incapacidad permanente. La sorpresa del consultor fue que no le contestaron hasta septiembre y «casi al límite», ya que tienen «140 días para contestar» y en su caso pasaron más de 100.

En septiembre, coincidiendo con una nueva recaída, le llegó la carta que estaba esperando, pero no con la respuesta deseada «me habían denegado el inicio del expediente» alegando que en el momento en el que se expidió la baja no estaba dado de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, Antonio había estado asimilado a la alta -estar apuntado al paro, a pesar de no estar cobrando ningún subsidio por desempleo-.

Después de esto, en octubre de 2022, acudió a un abogado de los Asuntos Sociales para recurrir su situación y envió mediante burofax el recurso. Tras varias semanas de espera, Antonio habló con la letrada y le comentó que seguían si contestarle, a lo que contestó que estaban «con mucha carga de trabajo» y por ende iba todo más lento.

Tras el silencio administrativo, ya que no recibía respuestas, decidió volver a pedir cita en el INSS, le recibió otra abogada que «no sabía nada del caso». Al explicarle todo le explicó que quería llevarlo por vía judicial y esta le remitió al Colegio de Abogados. Al llamar le dijeron que tenía 30 días para presentar una alegación judicial para iniciar un proceso judicial: «La abogada no me había avisado», denuncia.

A finales de mayo de 2023 le dieron cita para iniciar el trámite y le dieron esperanzas, «las noticias eran positivas», puesto que existe ahora un precedente jurídico que obliga a que la Administración tenga que responder. Ahora Antonio sólo tiene que esperar, ya que ya ha hecho la solicitud de contestación expresa a través del Colegio de Abogados y el INSS debe responder de manera expresa y contestar a su alegación.