Las leyes de ingeniería social que Sánchez prometió y se quedarán en el cajón tras el adelanto electoral

El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez decidió, saltándose el orden establecido en la Constitución, convocar elecciones generales al 23 de julio. Esto ha llevado a la suspensión de todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde el pasado martes, cuando se hizo efectiva la disolución de la Cámara a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además de disolver las Cortes sin la previa deliberación del Consejo de Ministros, paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, por lo que se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.

Ley de familias

Una de las controvertidas normas afectadas es la de familias, una de las más sonadas, diseñada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra y que se había atascado ante el rechazo de los socios parlamentarios de Sánchez, PNV, ERC y Bildu.

La ley incluía tres permisos de cuidados; una ayuda a las familias con hijos de cero a tres años de 100 euros al mes; la inclusión del térmico –creado por Podemos–monoparental, que daba los mismos derechos de una familia numerosa a las madres con dos hijos.

Ley de olvido oncológico

La ley Para la Protección Laboral de los que tienen una enfermedad grave como el cáncer también está en esta lista. Sánchez anunció esta norma durante la campaña electoral. Dos semanas más tarde, tras su decisión de adelantar las generales, queda en el olvido.

Esta norma, que anunció el jefe del Ejecutivo en Sevilla en un encuentro con asociaciones de lucha contra el cáncer, consistía en otorgar el derecho estos pacientes a solicitar un préstamo, seguro o crédito sin que las entidades financieras tuviesen en cuenta el historial médico.

Para que se pudiese hacer realidad, el Gobierno aseguró que iba a impulsar una iniciativa legislativa destinada a declarar nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyesen o discriminasen a la hora de contratar productos o servicios. La norma se iba a aprobar en julio.

Ley de paridad

La decisión de Pedro Sánchez tras el batacazo de las elecciones autonómicas y municipales también ha afectado a la ley de Representación Paritaria, más conocida como ley de paridad, de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Esta polémica ley que dio el pasado 23 de mayo la segunda vuelta gracias a la aprobación del Gobierno, se quedará obsoleta, por lo que ya no será necesario que haya al menos un 40 % de mujeres en el Ejecutivo, en los consejos de administración de las grandes empresas, en las candidaturas electorales o en los órganos constitucionales.

La vida de esta norma ha sido más bien corta, puesto que el Gobierno la aprobó en primera vuelta el pasado mes de marzo, aunque en ese momento solo afectaba a las listas electorales, la composición del Gobierno, los consejos de administración de grandes empresas, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público de personalidades.

Ley del ELA y Salud Mental

También se quedan en el limbo las leyes que buscan mejoras para los pacientes de ELA y la Ley de Salud Mental.

La tramitación de la ley del ELA, propuesta por Ciudadanos, lleva meses bloqueada a pesar de haberse registrado hace más de un año en la Cámara Baja. Con esta propuesta se pretendía garantizar los derechos y el acceso a prestaciones de los pacientes con esta enfermedad; el reconocimiento del 33 % del grado de discapacidad; el bono social eléctrico y el servicio domiciliario que facilitaba el servicio de fisioterapia y atención especializada durante 24 horas

También se queda en el cajón la «ley Darias» o la ley de Equidad Sanitaria que modificaría diversas normas para «consolidar» la equidad, la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud para así «fortalecer la Sanidad Pública y a ampliar derechos».

Por último, también quedará en el tintero la ley de Salud Mental que otorgaba el derecho a las personas con un trastorno mental a recibir el mejor tratamiento en los hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. Además, la norma contaba con una formación de al menos ocho psiquiatras, 18 psicólogas clínicos y 23 enfermeros especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes.