El Gobierno prevé aprobar este martes ayudas para 130 víctimas de la talidomida

Parece que la campaña electoral se ha adelantado para los partidos de Pedro Sánchez y de Ione Belarra. Este martes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un fármaco que hace décadas causó malformaciones en el embarazo, según ha avanzado este lunes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Este departamento que lo dirige Ione Belarra ha asegurado que este decreto trata de «hacer justicia» con los afectados de nuestro país, uno de los que «más ha tardado» en prestarles apoyo.

El Instituto Carlos III de Madrid, una entidad sanitaria pública, evaluó a los afectados e hizo el censo y el protocolo para las ayudas, cuyo importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento.

Así, por ejemplo, según ha explicado Derechos Sociales, para una persona con un 33 % de discapacidad la ayuda ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto fijado en el protocolo, y según fue establecido en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Según han adelantado, las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.

La talidomida fue un fármaco que se comercializó en los años 50 y 60 del siglo pasado con la finalidad de paliar de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los fetos.

La principal malformación fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.

Hasta la fecha, solo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009, pero ese intento de compensar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida, y por eso ahora para determinar las ayudas se han realizado más de 600 análisis complejos.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), que representa a más de la mitad de los afectados que recibirán las ayudas, se reunió hace mes y medio con representantes de la Fiscalía para pedir la apertura de una investigación por si cabía prevaricación del Gobierno al no haberse concedido aún las ayudas tras su aprobación en los Presupuestos hace cinco años.