Dos años de catástrofes en La Palma: del volcán a los incendios sin las ayudas prometidas por el Gobierno

Han pasado casi dos años desde que La Palma comenzó a rugir. El 19 de septiembre de 2021, alrededor de las tres de la tarde, España entera vio lo más temido: la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Tres meses más tarde se apagó. La catástrofe natural había terminado, o eso creían, puesto que la madrugada del pasado sábado se declaró un incendio al noroeste de la isla. Más de 3.500 hectáreas se han calcinado y Sánchez sigue sin dar alegrías a los afectados: las prometidas ayudas no llegan.

El presidente del Gobierno no tardó ni dos semanas en coger el Falcon y pagar 32.000 euros a Iberia por un avión en el que viajaban dos vicepresidentas del Gobierno y tres ministros para visitar la «isla bonita» y asegurar que iban a dar respuesta a todas las «demandas e inquietudes» que se abren ahora tras el fin de la erupción.

Sánchez visitó en diez ocasiones la isla, cuatro veces más si se suman las de los ministros, y en todas ellas prometió al cabildo de la isla y a los ciudadanos ayudas que nunca llegaron pese a la gravedad de la situación. En esos viajes realizados con el Falcon, el presidente Sánchez gastó aproximadamente 5.600 euros en cada hora de viaje, lo que supuso un total de 330.000 euros de dinero público.

El pasado mes de septiembre, según denunció a El Debate Javier Salinero Martín, secretario de la asociación Tierra Bonita, el Gobierno Central y el de Canarias hicieron público un informe sobre las ayudas enviadas a La Palma. En él apuntaban que ya se habían entregado 565,54 millones de euros para la reconstrucción de la isla. Sin embargo, ese numerario era del Fondo de Compensación de Seguros, «el de las instituciones prácticamente no ha llegado».

Mientras el volcán seguía arrasando casas y hectáreas, Sánchez, en otro de sus viajes prometía 60.000 euros por vivienda a los damnificados. No fue el único, el cabildo de La Palma prometió 10.000 y el Gobierno de Canarias 30.000. Una suma que llegaba a la cifra de 100.000 euros aproximadamente. Nada de esto llegó.

Meses después, en marzo, los afectados del volcán se concentraron para reivindicar las ayudas prometidas. En ese momento conocieron el decreto ley de reconstrucción de viviendas del Gobierno canario que, según los ciudadanos, no correspondía con las necesidades reales de los afectados

En 2023 La Palma se olvidó

El pasado mes de abril el Gobierno de Sánchez anunció la construcción de 20.000 viviendas más de alquiler social y asequible en los suelos del Ministerio de Defensa. Esta promesa, sumada a las 163.000, eleva la cifra a las 183.000. La Palma ya está olvidada.

Para tratar de levantar a la isla, el ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, una de las zonas más perjudicadas, anunció el pasado lunes la intención de acelerar la distribución de fondos de las personas afectadas por la erupción de Cumbre Vieja con cargo al Proyecto de Apoyo para la Reparación de los Daños Originados por la Erupción Volcánica y para la Reconstrucción Económica y social de la isla entre los años 2021-2023 y dotado con 1,5 millones de euros.

Según Europa Press, la subvención fue ingresada en mayo de 2022. Hasta la hecha sólo se han movilizado 400.000 euros. El alcalde aseguró que desde que asumió el mandato coordinan una batería de acciones para movilizar estos recursos. «Hablamos de más de un millón de euros en ayudas directas que tienen que ir a parar a las familias que siguen padeciendo las consecuencias del volcán», apunta.

Por otro lado, el Gobierno, lejos de cumplir sus promesas, anunció el pasado domingo, a una semana del 23-J, la prórroga de las medidas de apoyo a la isla de La Palma. Concretamente, se prorroga otros seis meses el régimen de suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de las hipotecas de los afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.

También se amplían hasta el 31 de diciembre de 2023 los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas.

Como consecuencia de la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral, la Diputación permanente, único órgano que permanece en pie, apuntaron, será quien asuma la facultad de convalidar o derogar las medidas que ha aprobado este martes el Gobierno vía decreto ley.