La UE pretende blindar el aborto bajo una directiva para proteger a la mujer

La comisión encargada de plantear el documento emitió una propuesta «relativamente neutra», según informan desde la plataforma One Of Us. «A pesar de tratar temas que están fuera de su competencia, se nota que han hecho un esfuerzo por equilibrar las diferentes sensibilidades», explican. Pese a eso, la ideología de género permea todo el contenido.

La votación del primer borrador se llevó a cabo en la Comisión de derechos de la mujer e igualdad de género (FEMM) y la Comisión de libertades civiles, justicia y asuntos de interior (LIBE) con una falta de transparencia desde el inicio al debatirse el texto en privado. En la Unión Europea existe la figura de enmienda de compromiso, que supone que lo acordado es el resultado de la deliberación privada entre diputados y responsables. El texto de esta directiva se ha escrito por completo siguiendo este procedimiento.

El documento blindaría el acceso al aborto en dos situaciones concretas. La primera, como servicio básico para las víctimas de violencia. Aquí el problema surge a la hora de definir cada término. ¿Qué es una víctima de violencia? Si se está pidiendo el acceso a aborto seguro, ¿qué es un aborto seguro? ¿Existe siquiera esa figura? Homologar legislaciones al respecto es lo que parece una tarea imposible porque habría que modificar códigos penales e incluso políticas sanitarias. En Alemania, por ejemplo, las mujeres deben recibir una serie de consejos antes de proceder con el aborto. En Bélgica toda intervención médica es por copago. Si la legislación europea estipula que debe estar financiada al 100 % por el Estado, ¿cuáles son los plazos para implementar algo así?

El otro punto hace referencia a todo lo que se considere evitar un aborto o el acceso al mismo. La labor de los rescatadores podría ser considerado como violencia y ser castigado. En Europa hay países que obligan a dar información precisa a las mujeres antes de abortar. ¿Esto se consideraría violencia?

En el texto, que puede consultarse en la web del Parlamento Europeo, los temas en disputa son los referidos como Amendment 62/Recital 50 y Article 28.

Por otro lado, esta legislación daría pie a asociaciones y ONG feministas a actuar como «policías de la moral» al poder llevar a Estados miembros frente la corte de Justicia europea que incumplan con estas directrices. Otra forma de hacer presión política y social a aquellos gobiernos que no quieran comulgar con las ruedas de molino ideológicas europeas.

Falta de transparencia en el proceso

Las medidas tomadas durante la crisis sanitaria del coronavirus que modificaron los procedimientos internos en la UE no se han revertido, y esto facilita que no se cumpla con la transparencia que antes caracterizaba a las instituciones europeas. Antes del COVID-19 era obligatorio que todos los diputados tuvieran acceso a los documentos con 48 horas de antelación a las votaciones y traducidos a sus respectivos idiomas. Eso ahora ya no existe. Y esto es lo que preocupa tanto dentro como fuera de la UE. Dentro, a los que quieren leer la letra pequeña antes de votar; fuera, a los que quieren consolidar los procesos consultivos y deliberativos de toda democracia. Sin transparencia la manipulación es más sencilla.

Esto es lo que ha ocurrido en esta ocasión ya que el texto aprobado en primera instancia difiere del votado por el Consejo Europeo del pasado 16 de junio. El borrador pasa así a la fase conocida como trílogo. Las tres partes de la Unión Europea –Comisión, Consejo y Parlamento– comenzarán a debatir sobre la base de este texto a la vuelta de verano. Consejo y Parlamento deben aprobar la misma versión para poder continuar. Mientras no se apruebe, el texto estará yendo y viniendo enmienda tras enmienda.

Dada la naturaleza de la Unión Europea, y que la actual presidencia rotatoria en manos de España puede cambiar después de las elecciones del 23-J, establecer unos tiempos fijos es una labor imposible. «El sistema europeo es bastante irregular y poco previsible», explican desde One of Us. Si, llegado el momento, el PP considera este punto como una prioridad, «podríamos estar hablando de finales de octubre o noviembre».