La ley europea de bienestar animal reducirá un 70 % la producción avícola y exigirá fuertes inversiones

Tras la aprobación de la ley de bienestar animal en España, que ha alterado el día a día de dueños de mascotas, veterinarios o propietarios de tiendas de animales, ahora se avecina una nueva norma, esta europea, que amenaza con provocar un terremoto en el sector agrícola y ganadero.

La Alianza UPA-COAG ha advertido de que el texto de bienestar animal que prepara la Unión Europea tendrá graves consecuencias para el sector ganadero, en especial en el de Castilla y León, con una pérdida de la producción avícola del 70 % y la exigencia de «inversiones astronómicas» en el resto de cabañas ganaderas.

Considera que cualquier ley que restrinja aún más la norma sobre bienestar animal pone en riesgo el futuro del sector del porcino, aves y conejos de Castilla y León, puesto que son elevadísimos los riesgos, costes y necesidades que implicaría cualquier eliminación de jaulas, restricciones en el transporte de animales vivos o reducción de animales en las granjas de tres sectores relevantes en la economía regional.

Por ejemplo, entre las recomendaciones presentadas por la autoridad Europea una de las más impactantes sería la propuesta de reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kilogramos por metro cuadrado, lo que significa que el número de aves en las granjas tendría que reducirse en aproximadamente un 70 %.

«Los ganaderos profesionales de Castilla y León siempre han sido partícipes de la mejora en todo lo concerniente al bienestar animal, pero no podemos por menos que mostrar nuestro más absoluto rechazo a medidas tan restrictivas como las que se quieren imponer desde los despachos de Bruselas, puesto que en la práctica esa legislación podría tener un impacto brutal en la economía de los ganaderos y de los propios consumidores», advierte la Alianza.

Prácticas de competencia desleal

Asimismo, recuerdan las diferencias que existen entre países de Hispanoamérica y Europa en legislación sobre bienestar animal, y las graves implicaciones que la entrada en vigor de las medidas europeas podrían tener sobre Mercosur, teniendo en cuenta además que dejarían una puerta abierta a prácticas de competencia desleal con terceros países.

A pesar de que los datos de explotaciones ganaderas en Castilla y León no están actualizados, el último censo oficial del INE es del 2020 y apunta que el número de explotaciones porcinas de Castilla y León alcanza las 4.643, el de aves es de 1.377 y el de conejas madres de 314.

«Con estas cifras debemos ser conscientes del impacto brutal que tendría sobre la economía ganadera castellana y leonesa las medidas tan restrictivas que se proponen», insiste UPA-COAG, que hace referencia a las elevadas inversiones que habría que hacer, sin tener en cuenta los préstamos contraídos para cumplir las normas establecidas antes de 2012, de los que aún no se han recuperado totalmente.

Además, sostienen que la aplicación de propuestas extremas tendría como consecuencia el cierre de pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales, la pérdida de competitividad y el aumento de las importaciones, además de repercutir de manera negativa en el consumidor final debido al consecuente aumento masivo del precio de la carne.

De hecho, añaden que el impacto económico de quienes proponen la revisión de la norma europea de bienestar animal, a precios actuales, sería de una bajada de una tercera parte de los ingresos para el ganadero de una explotación familiar.

La bajada de producción, inciden, repercutirá en un aumento de precio desorbitado para perjuicio del consumidor, que tendrá muchas dificultades para acceder a productos básicos para su alimentación convirtiéndose la carne de porcino, de pollo o de conejo en productos consumibles de lujo.