La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, recibe su nueva cartera a manos del exministro José Miñones
El cambio en Sanidad abre la puerta a la desaparición de las mutuas de funcionarios: «El sistema colapsaría»
Sumar llevaba en su programa la disolución de Muface, Mugeju e Isfas y que sus integrantes –unos dos millones– pasen a la sanidad pública
El Ministerio de Sanidad tiene desde este martes una nueva dirigente. Mónica García, hasta ahora líder de la oposición en la Comunidad de Madrid y coportavoz del partido Más Madrid, asume una cartera que, aunque con pocas competencias, ha sido bastante inestable en los últimos años.
Recordemos que, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno ha habido cinco ministros de Sanidad socialistas. La primera, Carmen Montón, dimitió tras ser acusada de plagio en su tesis; María Luisa Carcedo fue apartada en favor de Salvador Illa, que tuvo que enfrentarse a la parte más dura de la pandemia de la covid-19. En 2021 este abandona el ministerio para presentarse a las elecciones catalanas, por lo que Carolina Darias toma el relevo para irse dos años después y ser candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. José Manuel Miñones fue el último antes de la llegada de García.
La médico anestesista se enfrenta, por tanto, a un ministerio maldito con muchos frentes abiertos y con la intención de reorganizarlo, realizar un pacto de Estado por la salud e incrementar el dinero destinado al mismo, entre otras iniciativas. Sin embargo, una de las propuestas del programa de Sumar propone un cambio radical al sistema sanitario: la disolución de las mutualidades de funcionarios.
Tal y como proponía Podemos en sus anteriores programas electorales, abogan por «integrar» a las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada «de forma paulatina, escalonada y programada» bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público.
Estamos hablando de que quienes pertenezcan a Muface (mutualidad de funcionarios), Mugeju (cuerpo judicial) e Isfas (fuerzas armadas)– dejarían de recibir los servicios sanitarios mediante compañías de salud privadas –como Adeslas, Asisa o DKV–, que son fruto de un concierto entre la Administración y las entidades.
Esto, de no reforzarse el sistema, podría suponer un colapso del mismo, y es que más de dos millones de personas forman parte de estas mutualidades. Según cálculos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el modelo Muface sale 800 millones de euros más barato que si los funcionarios estuviesen integrados en la sanidad pública, de tal manera que la atención a los mutualistas pasaría de costar 2.230 millones de euros a 3.030 millones.
Lo que sí es cierto es que el modelo necesita una renovación, ya que en los dos últimos años las pérdidas ascienden a 340 millones de euros entre las tres aseguradoras. De hecho, DKV ya amenazó con abandonar el concierto para el año que viene, algo que podría generar un efecto contagio a las demás dejando a Muface sin aseguradoras.
CSIF pide que se defienda el modelo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, comenta a El Debate que va a defender el modelo de mutualismo administrativo: «Nos opondremos a cualquier movimiento que suponga un ataque a este modelo que beneficia a cerca de dos millones de personas», expone Juanjo San Miguel, director de comunicación del sindicato.
Desde el CSIF piden a la nueva ministra que defienda el modelo de las mutuas, puesto que es «compatible con el Sistema Nacional de Salud (SNS) público y lleva conviviendo con él desde hace más de 40 años». Además, advierte San Miguel de que si este modelo se eliminara, el SNS «colapsaría y peligraría la atención de muchos colectivos, como por ejemplo los que residen en la España rural».
Esta organización mantuvo la semana pasada una reunión con la secretaria de Función Pública del PSOE, Llanos Castellanos, a la que pidieron un compromiso del Gobierno con el modelo. Castellanos les trasladó la intención de mantenerlo y la confirmación de que se encontraban estudiando vías para mejorar la financiación de Muface, puesto que el convenio se ha quedado desfasado como consecuencia del incremento de los precios, motivo por el que las compañías aseguradoras exigen una compensación.