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El porte y uso de pequeñas cantidades de marihuana, cocaína y algunas drogas sintéticas ya había sido despenalizado en 1994Flickr/Jeso Carneiro

Colombia dejará de multar a consumidores de pequeñas cantidades de droga

Un decreto del ejecutivo dejó sin vigencia las sanciones contra «el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas» que sean de uso personal y no para la venta

El gobierno de Colombia ha derogado las multas contra el consumo de pequeñas cantidades de droga como parte de un cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico en el principal país productor de cocaína del mundo.

Un decreto del ejecutivo divulgado este sábado por medios locales dejó sin vigencia las sanciones contra «el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas» que sean de uso personal y no para la venta.

La medida no altera las penas de hasta 20 años de prisión para delitos de narcotráfico que contempla la ley colombiana, pero acaba con las multas equivalentes a unos cincuenta dólares que la policía impone a los consumidores. «Si la Constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes sino en perseguir los grandes capos de la droga», explicó en la red social X el presidente, Gustavo Petro. «Es necesario (...) evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas», se lee en el decreto, fechado el 7 de diciembre.

El porte y uso de pequeñas cantidades de marihuana, cocaína y algunas drogas sintéticas ya había sido despenalizado por orden de la Corte Constitucional en 1994, pero las sanciones económicas fueron dejadas en firme por una decisión del gobierno del conservador Iván Duque en 2018.

Petro –quien también ha ordenado a la fuerza pública cesar los operativos contra pequeños cultivadores de hoja de coca– aboga por un cambio de enfoque en la lucha antidroga que Colombia libra con la asistencia económica de Estados Unidos, principal mercado de la cocaína sudamericana.

La oposición asegura que estas decisiones limitan la capacidad de las autoridades para combatir al narcotráfico, en un contexto de expansión de los cultivos ilícitos y crecimiento del consumo a nivel local.