El Supremo tumba el reglamento general de costas de Sánchez por omitir su consulta pública

El Tribunal Supremo ha tumbado el decreto de 2022 con el que el Gobierno de Sánchez modificaba el reglamento general de costas por una falta de omisión del trámite de consulta pública, tras estimar el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera.

De esta manera, el alto tribunal declara nula dicha reforma al entender que para poder prescindir de dicho trámite en el supuesto de reglamentos de la administración general del Estado «han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y además de razones graves de interés público que lo justifiquen, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen aspectos esenciales de una materia».

Añade que el decreto impugnado «en modo alguno tiene naturaleza organizativa o presupuestaria y en modo alguno cabría infravalorar los efectos de la reforma».

La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, partidarios de desestimar la petición de nulidad del decreto por omisión del trámite de consulta pública.

Se trata de un asunto de gran relevancia en las Baleares que la propia presidenta Marga Prohens (PP) llevó durante última campaña electoral.

Alegaciones al proyecto

El hecho de omitir la consulta pública resultó vital cuando hubo una amplia participación ciudadana y de organizaciones representativas de los intereses afectados que realizaron alegaciones aunque fuese en un momento posterior a la elaboración del proyecto.

El TS explica que a tenor de lo que se razona en la exposición de motivos del real decreto su finalidad es incorporar al reglamento general de costas originario la última normativa nacional, comunitaria e internacional sobre el cambio climático habida cuenta de que «el dominio público marítimo-terrestre y, en particular, la ribera, es especialmente sensible a la subida del nivel medio del mar».

El decreto añade que «la exposición de la población y de los bienes a riesgos costeros se incrementa cada vez más y se prevé que esa tendencia continúe».

La norma anulada afecta a deslindes y concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por lo que los miembros de la citada plataforma se consideran afectados.