Mónica García fomenta la cultura de la muerte y facilita el aborto entre las comunidades autónomas

La decisión de Francia de incluir el aborto en su Constitución ha dado fuerza a la ministra Mónica García para introducir aún más en nuestro país a la cultura de la muerte. Según ha anunciado este viernes, Sanidad está trabajando un protocolo para garantizar la equidad a todas las mujeres que quieran abortar.

El documento, que se está elaborando y que se llevará al CISNS próximamente, ha dicho la ministra en el Conversatorio #DiagnósticoFeminista: Por una sanidad sin sesgos de género, orientará a las comunidades sobre cómo elaborar el registro de los profesionales objetores de conciencia y planificar la atención.

Los objetivos son garantizar un tratamiento equitativo a todas las mujeres vivan en la comunidad autónoma que vivan. Para ello van a promover la cooperación entre comunidades limítrofes; que el método a aplicar para el aborto se decida única y exclusivamente en base a criterios sanitarios; y que los infanticidios terapéuticos –los que se hacen por motivos de salud– se hagan en el hospital de referencia, sin derivar a la sanidad privada.

En el acto, Mónica García ha destacado la necesidad de impulsar «un diagnóstico feminista en la sanidad». Y ha puesto el ejemplo de los infartos. Así, ha recordado en este acto que los sesgos de género «ignoran las diferencias y provocan desigualdades, que en muchos casos tienen un origen político». Y se ha referido en concreto al sesgo del negacionismo.

También ha insistido en que el diagnóstico feminista no es sólo hacer «políticas para las mujeres, sino que van a beneficiar también a los hombres».

En palabras de la titular de la cartera de Sanidad, con este documento, se busca «un tratamiento equitativo» del aborto en todos los territorios mediante «una coordinación entre las diferentes comunidades autónomas» para que las mujeres puedan elegir donde acabar con la vida de su feto.

En cuanto al método abortivo, García ha precisado que «hay mucho sesgo» entre el método abortivo farmacológico y el quirúrgico en función de la variabilidad de la práctica clínica, por lo que pedirán que la elección «tenga unos criterios clínicos muy definidos».

En cuanto a los abortos terapéuticos, García ha hecho hincapié en que se han visto «casos terribles» en los que las mujeres no han podido abortar en propio centro de referencia. «Hay casos incluso de médicas trabajando en su propio hospital cuyo aborto terapéutico lo han derivado a un centro privado», ha asegurado la ministra.

Busca blindar el aborto

Al hilo, la ministra, centrad a en seguir los mismos pasos de Francia, ha asegurado que van a seguir trabajando para «blindarlo en nuestra Constitución».

Sin embargo, ha reconocido que el trabajo va «más allá» de blindar estos derechos, tanto en la Constitución como en una ley. «Creo que es algo que tenemos que seguir impulsando, porque, independientemente de las normas legislativas, independientemente de que podamos ser capaces de ponerlo en la Constitución, luego hay que cumplirla».

Al hilo, García ha insistido en que el derecho a la salud sexual y reproductiva «ni es de segunda ni es un negocio privado», ya que «es un derecho universal de todas las mujeres de este país». Así, la ministra ha aseverado que lo podrán blindar en la Carta Magna y en todas las leyes que puedan, pero «tenemos que seguir peleando por ejercerlo porque, cada vez que avanzamos en un derecho, también hay una fuerza de resistencia opuesta que tiene que ver con la pérdida de los privilegios».