El Gobierno italiano recurre la aplicación de la eutanasia en la región de Emilia Romaña

El Gobierno italiano que preside Giorgia Meloni presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña (situado al centro-norte del país) para solicitar que se anulen las resoluciones tomadas por las autoridades de esa región para aplicar la eutanasia.

La consejera regional Valentina Castaldini, de Forza Italia, integrante de la coalición gubernamental italiana, junto a la Liga y los Hermanos de Italia de Meloni, anunció este jueves el recurso ante «la falta de poder del organismo» en la materia y el «el carácter contradictorio e ilógico de las motivaciones introducidas en las directrices enviadas a las autoridades sanitarias».

El recurso interpuesto por el Ministerio de Sanidad y la Presidencia del Consejo de Ministros se suma al que Castaldini ya había presentado en marzo junto con un grupo de asociaciones: «Estoy muy contenta de que el Gobierno, con este acto formal, confirme y fortalezca el trabajo de estos meses», afirmó.

El pasado febrero, la región de Emilia Romaña, gobernada por la izquierda, aprobó la normativa para crear un comité de ética con médicos y juristas que examinará cada petición de eutanasia, con una serie de reglas precisas.

Estas directrices, según explicaban desde la región que preside Stefano Bonaccini, uno de los pesos pesados del Partido Demócrata (PD), querían «llenar el vacío en la materia dejado por el Parlamento y poner a las autoridades sanitarias en condiciones de garantizar el derecho de los enfermos sancionado por la sentencia del Tribunal Constitucional» de 2019.

Para consentir el suicidio asistido, el paciente debe padecer una patología irreversible, que le provoque un sufrimiento físico o psicológico que el paciente considere intolerable, que se mantenga con vida mediante tratamientos de soporte vital y que sea plenamente capaz de tomar decisiones libres e informadas, según el Alto Tribunal.

Forza Italia acusa a la región de que, al emitir estas normas, han querido adelantarse a la aprobación de una ley sobre el tema en el Parlamento que recoja las indicaciones del Constitucional.

Una comisión, que incluye un médico de cuidados paliativos, un anestesista-resucitador, un médico forense, un psiquiatra, un especialista en la patología que padece el solicitante, un farmacéutico y un psicólogo, evaluará la legitimidad de la solicitud y si hay motivos para que reconsidere, y también se reúne con los familiares.

Tras la investigación, que durará aproximadamente 20 días, se elabora un informe para el comité regional de ética (COREC), que tiene la tarea de proporcionar asesoramiento ético en casos individuales, expresando opiniones no vinculantes sobre las solicitudes de suicidio médicamente asistido y los aspectos bioéticos relacionados con las actividades sanitarias y sociosanitarias.

El Corec deberá emitir un dictamen de competencia en un plazo de siete días que luego será remitido a la Comisión de Evaluación, que elaborará un informe final con un límite de 42 días.

El Constitucional también estableció que, a la espera de la intervención legislativa nacional, la evaluación de la existencia de estos criterios y de los métodos de aplicación de la sentencia debe confiarse a las estructuras públicas del Servicio Nacional de Salud, previa audiencia del Comité de Ética territorialmente competente.