Los concertados explican sus cuotas: son legales y favorecen la igualdad de oportunidades

La polémica estalló hace unos días con un exhaustivo informe elaborado por un centro de educación superior que analizaba los datos de la escuela concertada en España. El texto es categórico en criticar a estos colegios porque considera que no cumplen con el derecho constitucional a la libertad de enseñanza porque «a día de hoy no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada». Y acusa a este modelo educativo de escolarizar «en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y origen migrante, lo cual daña significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad, uno de sus objetivos fundamentales».

La respuesta de los centros concertados no se ha hecho esperar. Han emitido un comunicado a través de la Confederación Española de Centros de Enseñanzas (CECE), de Escuelas Católicas y de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE), principales patronales del sector, en el que desmontan punto por punto las inexactitudes del documento y explican la necesidad de este modelo educativo en nuestro sistema.

Alfonso Aguiló, presidente de CECE, explica al periódico El Debate que «este informe tiene muchas deficiencias, muchos datos que no se han tenido en cuenta». Como consecuencia, «los titulares están completamente desenfocados cuando no son totalmente falsos. Han puesto el foco de atención en la falsedad de que los centros cobran cuotas ilegales».

Considera que realidad es muy distinta. La escuela concertada «facilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación», recalca Aguiló. De hecho, son muchos los centros concertados que «dan un verdadero servicio al barrio, que generan comunidad, que ayudan a las familias a poder organizarse mejor con horarios ampliados y extraescolares, que favorecen la integración de alumnos con necesidades especiales», añade Enrique Escandón, director de relaciones institucionales del grupo de Colegios 3A. Prueba de ello es que existen centros concertados en barrios de muy diferente nivel socioeconómicos.

El debate sobre las cuotas

El modelo de la educación concertada en España está basado en que los centros de titularidad privada con el sistema de concierto público reciben una cuantía de dinero por alumno. Como los centros concertados ofrecen diversos servicios más allá de los que ofrecen los centros públicos, necesitan financiar esas horas de enseñanza y esos servicios extraordinarios que exceden de lo que el dinero público puede pagar.

En este sentido, Carlos Ortiz Sanchidrián, director del colegio concertado CEU Sanchinarro, en Madrid, explica que las cuotas que aplica la concertada pueden ser de dos tipos: cuotas voluntarias, que aquellos padres que desean pagar sufragan porque entienden que así mejora la educación que reciben sus hijos, y cuotas por la oferta ampliada del colegio (como las extraescolares y otras actividades no vinculadas a la enseñanza), que son, naturalmente, voluntarias porque pagan solo aquellos padres que quieren contar con esa oferta ampliada. Esas cuotas voluntarias por oferta ampliada, además de pagar la actividad, pueden contribuir al sostenimiento del colegio, como recoge la ley.

Ortiz aclara que en el proceso no puede haber trampa ni cartón, no es posible que haya cobro ilegal de cuotas porque desde hace años toda la información de los colegios concertados está publicada. Además, como apuntan desde CECE, los centros educativos concertados están sometidos a un escrutinio de sus cuentas con auditorías para garantizar que el proceso es transparente y que cada euro, ya sea dinero público, ya de cuotas voluntarias, se utiliza adecuadamente.

El hecho de que los padres decidan pagar voluntariamente esas cuotas no merma, como dice el informe, su libertad para elegir centro. Al contrario, eligen centro aun sabiendo que existen esas cuotas voluntarias porque consideran que la elección de ese centro beneficia a la educación de sus hijos.

El problema de la segregación

El informe que ha visto la luz estos días, y que sigue la estela de otro publicado anteriormente por el mismo equipo de investigación, criticaba también una supuesta «segregación» por niveles económicos por culpa de la concertada: el texto entiende que la existencia de unas cuotas voluntarias hace imposible a un grupo de población acceder a estos centros. Las patronales de colegios explican que la investigación obvia que, puesto que las cuotas son voluntarias, sí podrían acceder padres que no pudieran pagarlas. Además, muchos centros ofrecen becas para estudiantes.

También critica que centros educativos escolaricen a menos inmigrantes y estudiantes de rentas bajas que los que van al sistema público. Para los autores del informe, los colegios concertados deberían tener las mismas cuotas de población inmigrante y desfavorecida que tenga la sociedad. Pero, como explican desde la concertada, forzar esta «integración sociológica» es una forma de no permitir la igualdad de oportunidades en la elección de centro porque se está obligando a determinadas familias a ir a un centro que puede no ser el de su elección solo para conseguir determinadas ratios.

Por ejemplo, una familia musulmana se puede ver abocada por la administración a ir a un colegio concertado de ideario católico con el que no se siente cómoda solo porque de esa manera las autoridades cumplen con una supuesta cuota de integración de inmigrantes. El resultado es que esos padres no han tenido verdadera libertad para elegir y han sido obligados a ir a determinado centro para establecer una determinada composición sociológica.

Además, hay muchas familias de diferentes entornos socioeconómicos que eligen libremente la educación concertada porque prefieren los servicios que ofrecen cuando la educación pública de su entorno no los facilita (como horarios ampliados compatibles con su jornada laboral) o porque simplemente están de acuerdo con el modelo educativo que plantea el centro para sus hijos.