Un preso acusado de maltratar a su mujer se cambia de sexo en Oviedo para evitar la ley de violencia de género

La ley trans que impuso Irene Montero y que se aprobó en febrero de 2023 acumula un nuevo fracaso. Un hombre, acusado de maltratar a su exmujer, ingresó la semana pasada en un módulo mixto de una prisión de Oviedo después acudir al Registro Civil y cambiarse el sexo para esquivar la ley de violencia de género. La que ahora se llama María José pasará un año y seis meses en prisión.

Según ha publicado El Comercio, el exmarido de R. M. (iniciales de la madre de sus hijos) tiene que enfrentarse a otro juicio, ya que se niega a pasarle la pensión de sus dos hijos: un niño de ocho y una niña de siete que padece la enfermedad de los huesos de cristal. Para más inri, tampoco se ha hecho cargo de los gastos sanitarios de su descendiente.

Al hilo, Sara González Melcón, letrada de la exmujer y miembro de la Asociación de Abogados de Familia (Aeafa) ha explicado al citado medio que el hombre «no ha contribuido con un solo euro». Así, asegura que no es la primera vez que sucede algo similar con José María. Este ya tenía antecedentes por maltratos a otras exparejas, uno en 2020 y otro en 2019. El hombre, que ya es mujer según los documentos, ingresó en prisión con un «barba de varios días».

Tras varias amenazas, R. M. comenzó a agilizar los trámites de separación en los tribunales. En octubre de 2020, explica El Comercio, «el juzgado de violencia sobre la mujer de Oviedo dictó la sentencia de divorcio».

Una de las medidas acordadas en la orden judicial fue el régimen de visitas, puesto que la madre de los menores pidió que se realizasen dentro del Punto de Encuentro Familiar. No satisfecho con el veredicto, el padre recurrió a la Audiencia Provincial, la cual anuló «parte de la sentencia», anota el medio. Debido a esto, las visitas deberán hacerse fuera del punto acordado. Además, el preso podrá convivir los domingos con sus hijos durante tres horas.

Cambio de sexo en el Registro Civil

Tres años después, en 2023, José María, que ya estaba casado de nuevo, acudió al Registro Civil y pidió la rectificación registral de su sexo. La abogada de R.M., al recibir noticias del exmarido de su cliente, pidió que se anulase el ejercicio de la patria potestad, ya que la situación de ambos niños era de «riesgo extremo».

Al recibir la noticia, los juzgados de Familia y de Violencia de Género no sabían quién debía hacerse cargo de esta situación. Finalmente, relata el medio asturiano, ha sido el de violencia el que se ha hecho «cargo del litigio». A pesar de ello, el tribunal sostiene que solo puede actuar «cuando el sujeto activo de la conducta antijurídica es un hombre y el sujeto pasivo una mujer».

A pesar de lo que se había avanzado en relación con los menores, en abril de 2024 (dos días después de que la ya mujer entrase a la cárcel), el juzgado desestimó las medidas cautelares solicitadas por la letrada de la exmujer, ya que, según detallaban los informes, los encuentros entre «María José y sus hijos se habían desarrollado con normalidad».

Lo mismo ha pasado con las pensiones alimenticias. Este mismo juzgado solo ha revisado los impagos de José María, no los de María José, «que serán investigados por un juzgado de instrucción».

Fraude de ley y respuesta del Principado

Antes de la entrada en vigor de la ley trans, la que fuera ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista ofrecida a la Cadena SER, aseveró que no iba a haber «ningún hombre» en nuestro país que buscase ir al registro a decir que «es una persona que no es» para disfrutar de unas supuestas ventajas. Esto no ocurrió. Desde su aprobación, varios varones han acudido a los registros para obtener los «beneficios de las mujeres».

Lo mismo pasa con este caso. La abogada González Melcón ha denunciado a El Comercio que se está produciendo «un fraude de ley» porque se trata de un cambio que solo consigue beneficios jurídicos «en perjuicio del interés supremo de los menores».

Al hilo, tras hacerse eco de la noticia, Nuria Rodríguez, directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, ha querido exponer su opinión. En primer lugar, ha señalado al mismo medio que «ya hay una sentencia de un año y seis meses por un delito de violencia de género que el condenado está cumpliendo desde la semana pasada en la cárcel de Asturias». Segundo, ha añadido, la ley trans impide que se pueda «eludir una condena por delito de violencia de género con triquiñuelas legales amparadas en un cambio de sexo».