Manifestación pro Palestina frente a la Universidad de Barcelona.
Denuncian a la Conferencia de Rectores tras romper relaciones con universidades de Israel
Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ha emitido un comunicado en el que señala que se estaría cometiendo «una flagrante discriminación que conculca nuestro marco normativo»
La organización ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) ha anunciado acciones legales contra las universidades españolas después de que este jueves hayan anunciado que romperán relaciones académicas con aquellos centros israelíes que no hayan expresado un «firme compromiso con la paz».
En un comunicado emitido en su perfil de X, ACOM considera que ese «requerimiento», exclusivo para las universidades israelíes, «supone una flagrante discriminación que conculca nuestro marco normativo, interfiere con las libertades constitucionales y cuestiones competenciales del estado y la Unión Europea».
«Tenemos un compromiso continuo y firme contra el odio antisemita. Y, en concreto, contra cuantos coartan la libertad de los judíos en España u hostigan al único Estado judío del mundo», concluye dicho comunicado.
Esta denuncia se produce después de que las Universidades españolas hayan tomado partido por Palestina y mostrado su disposición a revisar, y en su caso a suspender, los acuerdos de colaboración con centros de investigación israelíes o con las universidades de este país que no hayan expresado un «firme compromiso con la paz».
Respuesta de la comunidad judía
Esta misma tarde, desde la comunidad judía han condenado esta decisión y el respaldo que recibe desde el propio Gobierno, donde algunos ministros alimentan el «antisemitismo», señalan en un comunicado.
Específicamente, la Federación ha criticado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por respaldar el lema «Desde el río hasta el mar» en redes sociales, considerado antisemita por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y asociado a organizaciones terroristas. También señalan al ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, por instar a empresas españolas a no contribuir con lo que él llama «genocidio en Palestina», algo que provocó una grieta en el Ejecutivo.