El Gobierno británico promete indemnizar con 245.234 euros a todos los afectados por la sangre contaminada

El Gobierno británico ha anunciado este martes en el Parlamento un nuevo plan compensar a las víctimas del escándalo de transfusiones con sangre contaminada. Así, han asegurado que los primeros afectados recibirán toda la indemnización antes de que acabe este 2024.

Tras la publicación de un informe iniciado en 2018 condenando a las autoridades por este escándalo, que se ha llevado a cabo este lunes. Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, ha presentado sus disculpas oficiales y ha prometido una «completa compensación» para las víctimas. Asimismo, ha asegurado que «cualquiera que sea el costo» de la compensación a las víctimas «lo pagaremos», prometió Sunak.

Los casos comenzaron a surgir entre los años 70 y 80, cuando se detectó que un grupo de personas que padecían hemofilia o habían sido sometidas a operaciones quirúrgicas se contaminaron en aquella época con hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), después de transfusiones de sangre.

Al detallar el sistema de indemnizaciones ante los diputados, el secretario de Estado John Glen, pagador general, ha anunciado que las compensaciones comenzarían «antes de fin de año».

Glen ha informado que el gobierno procederá a nuevos pagos provisionales de 210.000 libras (245.234 euros) y reconoció que las víctimas «mueren cada semana» y pueden temer no ser indemnizadas a tiempo.

Algunas víctimas ya recibieron una primera indemnización de 100.000 libras (117.055 euros) en 2022, tras la publicación de un primer informe.

Los allegados de las víctimas que cuidaron a un ser querido infectado también podrán recibir indemnizaciones, dijo el Secretario de Estado. El coste total no ha sido revelado, pero la prensa británica habla de una dotación de 10.000 millones de libras (12.700 millones de libras).

Debido a la escasez de sangre, el servicio público de salud, el NHS (National Health Service), recurrió en aquella época a proveedores estadounidenses que pagaban a sus donantes, entre los que se encontraban presos y miembros de otros grupos con un riesgo importante de infección.

«La magnitud de lo ocurrido es espantosa», describió el lunes una investigación pública independiente de más de 2.500 páginas, que recorre miles de testimonios y documentos que prueban que «la verdad estuvo oculta durante décadas».

El drama «podría haberse evitado en gran medida», afirma en el informe, de siete años de trabajo, el exjuez Brian Langstaff, que dirigió la investigación.