El giro del PP sobre la masificación turística: «Hay que poner límites»

La llamada 'turistificación' está en el candelero en los últimos años, especialmente en aquellas comunidades autónomas que reciben más visitantes en verano y que ven cómo sus playas se llenan de nacionales y extranjeros para disfrutar del período estival.

Una de las demandas de buena parte de la izquierda ha sido siempre ponerle coto a esta actividad, a pesar de que supone más de un 11 % del Producto Interior Bruto (PIB). Algo a lo que el Partido Popular siempre se opuso, haciendo honor a su esencia liberal y, de hecho, presentándose en Baleares a las elecciones –y ganándolas– con un discurso en contra de la 'turismofobia'.

No obstante, en las últimas semanas se ha producido un giro importante en el PP, concretamente en el de Baleares: «Hay que poner límites» al turismo para evitar que la masificación termine con esa actividad, defienden.

Para ello, el Govern, presidido por la popular Marga Prohens, constituirá una mesa de diálogo con el sector turístico, los agentes sociales y todas las fuerzas políticas para pactar «medidas restrictivas» que frenen la «congestión» que la afluencia masiva de visitantes genera en el archipiélago.

Y es que el portavoz del Govern, Antoni Costa, señaló que el equipo que lidera la presidenta «no es ajeno» al malestar que produce a muchos residentes la presión de los millones de turistas que cada año visitan el archipiélago. «La congestión turística no es una cuestión ni que haya surgido de repente este año, ni que se dé solo en Baleares», ha remarcado Costa.

Costa aseguró que el PP siempre ha sido partidario de «ciertos límites», aunque no fue hasta hace unas semanas cuando la presidenta balear se refirió a la necesidad de implementarlos pues, dijo, «estamos al límite».

El portavoz parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras, reivindicó también la «valentía y determinación», así como el «talante y la capacidad de escucha» de la presidenta Prohens, para afrontar el debate turístico en las Islas, después de ocho años de gobierno de izquierdas, «en los que no se persiguió contundentemente el alquiler turístico ilegal y aumentaron un 20 por ciento las plazas turísticas ilegales».

Precisamente, en relación a que la izquierda llevaba ocho años ostentando la mayoría en el Parlament y tenían por tanto la facilidad para aprobar iniciativas, Sagreras ha creído «oportunista» que MÉS per Mallorca haya decidido registrar ahora, que está en la oposición, una iniciativa para instar al Gobierno de España a que reduzca el número de vuelos que llegan a los aeropuertos de Baleares.

Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, el también popular Llorenç Galmés, señaló que es el momento de «poner límites» y que se rebajará el tope de crecimiento turístico. Igualmente, el Consell de Ibiza aprobará poner topes a la entrada de vehículos en la isla.

Decreto para el turismo responsable

El pasado martes se debatió en el parlamento balear otra iniciativa impulsada por el Govern llamada 'Decreto para el turismo responsable', que renombra el anterior de 'turismo de excesos' y que incluye, como novedad, la prohibición de beber alcohol en la calle en las zonas reguladas con sanciones que van de los 500 a los 1.500 euros.

Asimismo, se mantiene la delimitación de las zonas afectadas de Palma y San Antonio Abad, y se modifican las de Calviá, que disminuye en metros, y Lluchmayor, a petición expresa de los ayuntamientos. También se modifica la composición de la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas.

Igualmente, queda prohibido para las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios y venta de alcohol a bordo acercarse a menos de una milla náutica (1,852 kilómetros) de las zonas afectadas por este Decreto. Queda prohibida también la recogida o desembarco de pasajeros dentro de estas zonas.

Andalucía cierra la puerta a una tasa turística

En otras regiones igualmente turísticas, como Andalucía, su gobierno –también del PP– no está por la labor de tomar este tipo de medidas restrictivas con los visitantes. El ejecutivo de Juanma Moreno ya anunció el pasado mes de marzo que se negaba a imponer una tasa turística, petición que venía del partido Adelante Andalucía y de algunos ayuntamientos.

El gobierno autonómico se pone, por tanto, del lado del sector turístico, que «no quiere que se le suba la fiscalidad». «Pensamos lo mismo que pensábamos hace unos meses y hace un año. Lo único que haría sería lastrar uno de los principales motores que hoy tiene nuestra economía», añadió Ramón Fernández-Pacheco, portavoz del equipo de Moreno.

Además, consideraba que su implantación también afectaría a los residentes en la comunidad: «Cuando hablamos de tasa turística, también nos referimos a una figura impositiva que pagarían muchos andaluces que viajan por Andalucía. Hasta seis millones de desplazamientos de andaluces por Andalucía tenemos todos los años».

Regular alquileres en Canarias

Canarias es otra de las regiones más turísticas del país, que en las últimas semanas se ha lanzado a la calle para pedir algún tipo de restricción a esa masificación turística. En esa comunidad, la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León (PP), defiende el anteproyecto para regular los alquileres turísticos que se está impulsando como la «primera piedra» del «cambio de modelo».

Lo cierto es que Ángel Víctor Torres, expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, rechazó implantar una ecotasa en la comunidad en los cuatro años que gobernó, pero ahora le exige al nuevo ejecutivo (de Coalición Canaria y PP) que la aplique.

Esta sensación de masificación no la comparte, sin embargo, el Observatorio Turístico de Canarias, que en su informe de 2022 sobre sostenibilidad del turismo en las islas, indicaba que el 89,3 % de las pernoctaciones en alojamientos turísticos se ubican en el 1,76 % de la superficie total de la región. El Observatorio negaba que existiera en Canarias una situación de sobreturismo y cuantificaba en el conjunto del archipiélago una media de 0,26 plazas por habitante, con oscilaciones entre las 0,69 de Fuerteventura y los 0,19 de La Palma y Gran Canaria.