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Víctima del caso

La víctima cuyo agresor se define ahora como mujer recurre el caso: «Es un fraude de ley»

Candi, como ahora se llama, cuenta con antecedentes penales en materia de violencia de género y ha sido denunciado por hechos similares al poco tiempo de solicitar la rectificación

La mujer vecina de Sevilla, cuyo maltratador, ahora llamado Candi, se cambió de sexo en el Registro Civil tras ser condenado a 15 meses de prisión, ha presentado un recurso contra la inhibición del juzgado de violencia de género asegurando que se ha producido un «fraude de ley».

Según recoge Efe, el abogado José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, ha informado mediante un comunicado de que se ha presentado el recurso con argumentos como que «la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre», no deben alterar el régimen jurídico de una persona, de modo que tiene que responder en las mismas formas a los delitos que haya cometido.

Esto se produce de acuerdo a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que cuenta con un precepto añadido «con el propósito de evitar la posible indefensión y la vulneración de los derechos correspondientes a las víctimas», con el que se quiso evitar cualquier «fraude de ley» que se pudiera dar.

Entiende el letrado que el condenado por estos hechos ha querido «bordear» la norma y no tiene dudas de que el cambio de sexo fue «simulado, y, por tanto, sí se hizo en fraude de ley».

Alude a que se ha cambiado de sexo registral contando con antecedentes penales en materia de violencia de género y ha sido denunciado por hechos similares al poco tiempo de solicitar la rectificación, «aduciendo que la ley de violencia de género no le es aplicable» al ser ahora una mujer.

Por ello, se ha interpuesto recurso de reposición contra el auto del 14 de agosto que pide revocar la inhibición para enviar el caso al Juzgado de Instrucción de Sevilla, reclamando que el Ministerio Fiscal actúe de oficio para salvaguardar los intereses de la víctima.