Hace cuatro años no conocíamos la palabra coronavirus, tampoco éramos conscientes de lo que nos iba a tocar vivir. Pasados los años, ya en 2024, nos hemos dado cuenta de las consecuencias que tuvo para la sociedad española y la errática gestión del Gobierno de Sánchez.

María Fernández

La gestión de los primeros casos

Un alemán de viaje por España, un positivo y cientos de contagios sin identificar por el mundo. En enero de 2020, en nuestro país comenzaba a resonar la palabra covid-19. El Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de tomar las mismas medidas que Italia, que ya había registrado varios de casos, convocó una reunión extraordinaria con las comunidades para llamar a la calma e informar que el país ya estaba «preparado» para realizar una detección precoz y frenar los casos.

Un mes más tarde, en febrero, varios sanitarios alertaron al Ejecutivo de extrañas muertes a causa de una neumonía bilateral nunca antes detectada. Sánchez y su equipo llamaron –una vez más– a la calma, pero sabían que algo pasaba. El 26 del mismo mes, Madrid notificó el primer caso. España ya se había contagiado y las palabras de confinamiento ya comenzaban a sonar.

El Gobierno desoyó las alertas del exterior y no hizo caso a los civiles. Uno de los más perjudicados fue José Nieto, exresponsable del Servicio de Prevención para la Policía Nacional y médico, que perdió su puesto porque alertó de que el virus era peligroso. Lo que no sabían es que tenía razón y que lo peor estaba por llegar.

El 31 de enero de 2020, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), compareció ante las cámaras para anunciar que España iba a tener, como mucho, «más allá de un caso diagnosticado». Dos meses más tarde, había 94.417 enfermos, 8.189 fallecidos y 49.243 hospitalizaciones.

Meses más tarde, a principios de marzo, cuando los españoles estaban ya encerrados en sus casas, la máxima figura española contra la covid volvió a aparecer en TVE. En esta ocasión aseguró que no era «necesario que la población usara mascarillas». Solo era opcional para personas con sintomatología.

Un mes más tarde, cuando ya llevábamos tres semanas confinados, Simón aseveró en una conferencia telemática que los cubrebocas sí iban a tener un «papel protagonista» en nuestra sociedad. Iba a ser hasta la «fase de desescalada», que en un principio no iba a durar más de un mes.

Día tras día su imagen salió en televisión. Sin embargo, el 12 de julio de 2021 desapareció. España estuvo sin noticias del facultativo, pero un año y medio después, reapareció para informar sobre la retirada de las mascarillas en las farmacias y hospitales. Luego, se retiró de la «vida pública».

En febrero, el Ministerio de Sanidad, que dirigía Salvador Illa, trató de «riesgo moderado» la situación por la que pasaba nuestro país. Tras sus palabras, un misterioso «comité de expertos», que en realidad no existía, empezó a llevar las riendas de la situación sanitaria.

A finales de año, el Gobierno aseveró que los comités de expertos no estaban obligados a tomar actas de las reuniones. Sin embargo, el presidente del Gobierno afirmó que se estaban guardando para en un futuro cercano publicarlas.

La sorpresa de esto llegó tras un anuncio de Sanidad, el cual reconoció que no se trataba de un grupo de expertos como tal, sino que «grupo técnico» formado por el ya reconocido como doctor Simón.

Mientras Italia cerraba la Lombardía en marzo de 2020, el Gobierno de España seguía restando importancia a la crisis porque nada podía empañar el 8-M. Sánchez autorizó la manifestación masiva. En este momento los contagios se descontrolaron.

Un día después del evento organizado por el Ministerio de Igualdad, que en ese momento dirigía Irene Montero, Simón defendió que el aumento de casos de coronavirus en Madrid «no se observó hasta el lunes por la mañana». Algo lógico, puesto que se vio el virus tardaba varios días en manifestarse.

Tras esta manifestación a favor de los derechos de las mujeres, se detectó un aumento de casos y fallecimientos en mujeres. A pesar de la evidencias, el Gobierno continuó mirando para otro lado. La culpa no había sido de Montero, sino de Vox que mantuvo su mitin.

El día menos esperado llegó. El 13 de marzo de 2020, Sánchez compareció desde La Moncloa para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. El confinamiento, que iba a durar 15 días, se alargó hasta el 21 de junio del mismo año.

Llegó el verano. España, en palabras de Sánchez, ya había «derrotado al virus», por lo que debía «disfrutar de la nueva normalidad» y reactivar la economía del país. Los traslados volvieron y las visitas a los familiares lejanos se hicieron realidad.

Cuando parecía que España volvía a la normalidad, apareció la segunda ola de contagios. Tras esto, el jefe del Ejecutivo volvió a decretar el que se denominaría «segundo estado de alarma». Este se extendió hasta el 9 de mayo de 2021.

En abril de 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento, ya que el estado de alarma «no permite la suspensión de los derechos». La sentencia hizo que el Ejecutivo tuviese que revisar y devolver todas las multas con las que castigaron a los habitantes durante el aislamiento domiciliario. En total, desde el 13 de marzo de 2020 registraron 1.142.127 sanciones.

Dos meses después, volvió a declarar inconstitucional el segundo estado de alarma. Según indicaron, con el real decreto quedó «cancelado el régimen de control» que correspondía al Congreso de los Diputados.

Uno de los aspectos que más desconfianza causó durante la pandemia fue el conteo de casos y muertes por coronavirus. Los datos nunca coincidieron con los del INE.

Este desfase estadístico se originó porque el Ministerio de Sanidad computó a los fallecidos que presuntamente murieron por el coronavirus a pesar de poseer otra enfermedad. Nunca les realizaron una prueba diagnóstica, por lo que no se sabe realmente la causa oficial de la muerte.

Las mentiras del Gobierno fueron creciendo a medida que avanzaban. En los meses más álgidos del virus, Sánchez alardeó de que España era el quinto país del mundo que más test de detección había realizado. Para demostrarlo, citó un estudio de la Johns Hopkins que nunca existió.

En diciembre llegaron las prometidas vacunas y los famosos test de antígenos. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó cuatro fármacos. En España, Sanidad decidió comenzar por las dosis de la farmacéutica Pfizer y BioNTech.

La primera española en recibir el pinchazo fue Araceli Hidalgo, una mujer que ya tiene 100 años. Tras ella, miles de españoles pidieron cita para inocularse el antídoto creado para, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, «salvar vidas».

Pasados los meses, Sanidad impuso dos dosis de vacunas. Moderna, Pfizer y AstraZeneca eran las elegidas por los sanitarios. Toda la población debía tener dos pinchazos para contener el virus. Muchas personas decidieron no vacunarse, ya que las farmacéuticas habían creado este medicamento en «muy poco tiempo».

En otoño de 2023, la OMS dejó de recomendar la vacuna contra la Covid para la población general. Sin embargo, llamó a los ancianos, a los sanitarios y a las personas inmunodeprimidas a inocularse las dosis de refuerzo. Ahora, cada ciudadano el libre de elegir lo que quiera.

Pasados cuatro años de la pandemia por coronavirus, AstraZeneca admitió ante un tribunal británico que su antídoto contra la covid podría causar «efectos secundarios raros y poco comunes». Varias personas murieron.

Cuatro años después del estallido de contagios salió a la luz el caso Koldo. La Guardia Civil detuvo en febrero de 2024 a Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid.

Días después de conocerse lo ocurrido, Salvador Illa, el que fuera ministro de Sanidad, compareció en el pasillo del Congreso. Allí aseguró que «todo se hizo bien» y a través de «mecanismos legales».

Sin embargo, semanas después apuntó que su cartera no destinó «un solo euro» a la trama de Koldo. Así, aseguró, que esta trama solo fue creada en un intento de la sociedad por «deshumanizar» a Sánchez.

A día de hoy, el juez Ismael Moreno, que ha rechazado que Ábalos se persone como perjudicado y Óscar Puente declare como testigo, sigue con la instrucción.