Fachada de un edificio de Muface, en Avenida de Pablo Iglesias
Qué es Muface y por qué preocupa tanto su desaparición
El concierto sanitario de esta mutualidad de funcionarios está en el aire tras casi 50 años de su nacimiento
Millón y medio de funcionarios que cotizan en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) continúan en vilo porque no saben qué ocurrirá con su asistencia sanitaria a partir del 31 de enero. Este organismo público no es más que una mutua que nació en 1975 y que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios al servicio del Estado, como la sanidad, ciertos casos específicos de jubilación, ayudas por hijos, etc.
Es, por ende, un régimen especial de carácter mutualista y distinto del Régimen General de la Seguridad Social al que los funcionarios tienen que adherirse por obligación y para lo cual deben de pagar una cuota. Una de las características más llamativas de este modelo es el hecho de que los trabajadores públicos puedan elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o en la privada.
Hasta ahora, podían elegir cada año entre acudir a la sanidad pública o, por el contrario, optar por alguna de las tres aseguradoras que ofrecían sus servicios: Adeslas, Asisa y DKV. El problema está en que este año toca renovar el concierto y las tres empresas han dejado la licitación vacía porque consideran que la oferta del Gobierno es insuficiente y les llevaría a continuar con pérdidas.
Pero, ¿Qué funcionarios tienen derecho (y obligación) de estar en Muface? El 65 % de ellos son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria, mientras que el resto pertenece a los cuerpos de la Administración General del Estado, como inspectores de Hacienda y Trabajo o policías nacionales.
Además, existen otras dos mutualidades: Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), que agrupa a militares y guardias civiles y que cuenta con 559.887 personas, y Mugeju (Mutualidad General Judicial), con 91.834 afiliados. Estas dos, sin embargo, tienen asegurada su continuidad porque las aseguradoras han decidido continuar con la prestación del servicio sanitario.
Lo cierto es que casi el 70 % de los funcionarios opta por la asistencia sanitaria privada, aunque los más jóvenes escogen mayoritariamente la pública, como ocurrió en el 65 % de los que el año pasado entraron a formar parte de Muface.
Por qué preocupa su eliminación
El Gobierno trata ahora de llevar a cabo una licitación exprés para mejorar la oferta y que las aseguradoras terminen aceptando continuar con el concierto. No obstante, si finalmente vuelven a dejar el concurso desierto, una de las posibilidades que más peso está cobrando es la absorción de los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud.
Esto, más allá del descontento que genera dentro de los propios funcionarios y sus beneficiarios, que ya han anunciado manifestaciones e incluso la posibilidad de organizar una huelga, también preocupa a médicos y pacientes. Y es que son muchas las voces dentro de la sanidad pública que advierten que el sistema podría colapsar al asumir ese millón y medio de personas extra.
Sobre todo en algunos territorios en los que hay un mayor número de funcionarios o en aquellos donde un gran porcentaje de estos tienen ya más de 65 años. Esto, según varios informes hechos al respecto, engrosaría de forma alarmante las listas de espera, tanto de atención primaria como quirúrgica, aunque desde el ministerio de Mónica García aseguran que no habría problema, ya que el dinero destinado a Muface se utilizaría para reforzar los sistemas de salud autonómicos.