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Sanidad regula las bolsas de nicotina y los vapers con y sin nicotina, incluyendo restricciones a los aromas

El proyecto establece un plazo de 10 meses para que los fabricantes se adapten a las nuevas normas

El Ministerio de Sanidad ha sacado este jueves a la audiencia pública un proyecto de Real Decreto por el que se actualiza la normativa sobre productos de tabaco y relacionados. Esta iniciativa, que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, regulará determinados aspectos como el contenido de los productos, los requisitos de calidad y seguridad, y el envasado y embalaje exterior.

El objetivo, apuntan desde el departamento de Mónica García, es mejorar «la protección de la salud pública» mediante una regulación «más estricta y adaptada a la realidad actual del mercado».

En la actualidad, existe en nuestro país una amplia variedad de productos con características diferenciadas: con o sin tabaco, con o sin nicotina, con o sin componentes electrónicos, e incluso con aspectos híbridos que dificultan su catalogación. Esta diversidad representa un desafío y exige una respuesta técnica adecuada para garantizar la protección de la salud de las personas que consumen estos nuevos productos.

Tal y como asegura Sanidad en el comunicado, el proyecto, que se enmarca en el Plan Integral de prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, busca prevenir el inicio del consumo de tabaco, adaptarse a las nuevas realidades del mercado, responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, armonizar la legislación española con a europea y mejorar la información disponible para los ciudadanos.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto introduce una serie de modificaciones en el Real Decreto 579/2017. En ellas Sanidad pretende incluir el empaquetado genérico, por el que se establecerá la obligatoriedad de la apariencia uniforme para cigarrillos y tabaco de liar, eliminando elementos de diseño y colores atractivos que puedan incentivar el consumo; regular los cigarrillos electrónicos sin nicotina, limitar el uso de aromatizantes, regular los nuevos productos y modificar el etiquetado.

El proyecto establece un plazo de 10 meses para que los fabricantes se adapten a las nuevas normas y otro de un año para que los comerciantes tengan tiempo de vender el stock.