De las chapuzas a las falsas promesas: retrato de los agravios del Gobierno de Sánchez contra las mujeres

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva cinco años de legislatura abanderando la lucha contra la violencia de género. Desde el Ministerio de Igualdad liderado en su momento por Irene Montero hasta la actual cartera regida por la socialista Ana Redondo, el Ejecutivo ha cubierto titulares con sus numerosas medidas para erradicar la violencia contra la mujer.

La realidad es que a pesar de la cantidad de millones invertidos en esta materia, la cifra de mujeres víctimas de violencia de género sigue en alza, muchas de las medidas de protección prometidas siguen cogiendo polvo en algún cajón del Ministerio de Igualdad y la controvertida Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del 'solo sí es sí', ha devuelto a la calle a 126 agresores.

Falsas promesas

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de diciembre de 2020, a propuesta de la Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la Ministerio de Igualdad, en aquel momento liderados por la socialista Carolina Darias e Irene Montero, respectivamente, adoptó el Acuerdo por el que se aprobaba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado.

Este pacto aseguraba la «elaboración de planes de igualdad encaminados a alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, así como a combatir decididamente todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo».

En concreto, el ministerio regido actualmente por Óscar López se comprometió a llevar a cabo la elaboración y difusión de unas directrices de actuación ante una situación de violencia contra empleadas públicas, con el objetivo de «atender, asesorar y acompañar a las empleadas públicas víctimas de violencia contra la mujer».

Además, según este plan, «la víctima contará con un entorno seguro que le asesorará, acompañara y ayudará en la toma de decisiones, siendo asistida por gestores y psicólogos, que le informarán de sus derechos como víctima del delito y sobre el proceso judicial, así como de asistencia y acompañamiento judicial para el caso de interponer denuncia».

Mientras que Sánchez se comprometió a implantar esta iniciativa en el trascurso de un año, la realidad, según ha denunciado CSIF, es que «el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida en un ámbito de su plena competencia», por lo que acusan al Ejecutivo de Sánchez de «incumplir» uno de los compromisos más importantes en materia de violencia de género y que fue anunciado en su momento a bombo y platillo.

Ley del 'solo sí es sí'

La inacción del Gobierno no ha sido el principal agravio contra las víctimas de violencia de género, sino que, a veces, las medidas para erradicar este tipo de delitos han resultado en fraude. Es el caso de la conocida como ley del 'solo sí es sí', orquestada por el Ministerio de Igualdad en manos de Irene Montero.

En agosto de 2022 el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, popularmente conocida como la ley del 'solo sí es sí'. Este nuevo marco legislativo, diseñado con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas de violencia sexual y de establecer que el consentimiento explícito sea un elemento central en los delitos sexuales, generó una gran controversia desde el principio.

Incluso antes de que la norma entrara en vigor, múltiples voces críticas, tanto en el ámbito jurídico como en el periodístico, comenzaron a alertar sobre posibles consecuencias de su implementación. Expertos en derecho penal señalaron que las modificaciones introducidas en los tipos penales, particularmente en lo relacionado con agresiones y abusos sexuales, podían dar lugar a reducciones significativas en las penas de algunos condenados e, incluso, a excarcelaciones.

Estas advertencias, inicialmente desoídas por el Ejecutivo de Sánchez, que defendió a capa y espada la norma, se centraban en que los cambios en la definición y graduación de las penas podrían interpretarse en favor de los acusados, un efecto contrario a los objetivos planteados por el Ministerio de Igualdad.

Tal y como auguraron los expertos, y en contra de lo que predicaba en su momento la exministra Montero, los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a 1.233 las rebajas de pena y a 126 las excarcelaciones por la 'ley del sólo sí es sí'. Cabe destacar que uno de los presos beneficiados por esta norma ha sido Ángel Boza, miembro de La Manada, cuyo caso judicial desencadenó la redacción de esta ley.

Chapuzas de la ley trans

El 16 de febrero de 2023, el Congreso aprobó una nueva legislación impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, conocida como la 'ley trans'. Esta ley introduce un cambio significativo al reconocer el derecho a la autodeterminación de género, lo que permite a cualquier persona declarar su identidad de género como hombre o mujer sin necesidad de presentar pruebas médicas, psicológicas o legales que lo respalden.

Esta normativa ha provocado que algunos hombres decidan cambiarse oficialmente de sexo para verse beneficiados por los privilegios de las mujeres en la ley de violencia de género. El pasado 20 de agosto un ertzaina detenido por amenazar con un cuchillo a su mujer y a su hijas decidió registrarse como mujer para eludir el juzgado de violencia de género y que su denuncia se tramitase como violencia doméstica, cuyas penas son inferiores.