Más de 35.000 funcionarios salen a la calle para exigir al Gobierno la renovación del convenio de Muface

El hartazgo de los funcionarios ha llegado a las calles de Madrid. Este sábado, miles de personas convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han congregado en las calles de la capital para pedir al Gobierno central la renovación del convenio de Muface –que termina al final de año y que pone en riesgo a la asistencia médica de 1,5 millones de personas– y que dote al sistema de una financiación «suficiente».

A grito de «la Sanidad es un derecho», 35.000 manifestantes de todas las comunidades –cifra dada por el sindicato mayoritario en la función pública y que ha sido validada por la Policía Nacional y la Guardia Civil–, ha participado en una marcha que se ha desarrollado sin incidentes.

La manifestación, que cuenta con el respaldo del sindicato de Policía Jupol y del de la Guardia Civil, Jucil, ha tenido lugar en las puertas de la dirección general de Muface en la ciudad universitaria de Madrid, para pedir al Ejecutivo que saque una licitación lo «suficientemente atractiva» para asegurar la continuidad del sistema.

Durante la movilización seguida por Efe, Miguel Torra, presidente nacional de CISF, ha expuesto en declaraciones a los medios que el Gobierno «está jugando con la salud de 1,5 millones de personas». Asimismo, le ha pedido que haga una licitación «suficiente» y a las aseguradoras que sigan prestando la asistencia mientras esté en vigor el contrato.

Del mismo modo, ha denunciado la situación que vive actualmente Muface, ya que se está viendo obligada a denegar «centenares» de pruebas médicas y demorar consultas. Además, afirma que ya rechazado la «presión» sobre los funcionarios del Gobierno y las aseguradoras.

Al hilo, el presidente del sindicato ha afirmado que no dejará de luchar por los derechos de los funcionarios. Tras estas palabras, se ha dirigido, de nuevo, al Gobierno y ha garantizado que, si no toma nota de la protesta, no descartarán «una huelga en las administraciones públicas».

Por su parte, Ibon Dominguez, portavoz de Jupol, ha apoyado antes los medios las declaraciones de Miguel Borra y ha expuesto que actualmente, en la Policía se registran 10.000 bajas anuales por agresiones, que «se podrían eternizar» en el sistema nacional de salud.

También ha acudido al encuentro Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular. En declaraciones a los medios, ha denunciado la situación que están viviendo los miles de funcionarios y ha asegurado que no entiende por qué el Ejecutivo, que tiene datos de que el modelo «ha sido positivo en los últimos años», está generando esta «situación tan insostenible».

Esta no ha sido la única protesta. El pasado miércoles una decena de organizaciones sindicales, encabezadas por CCOO y UGT, se manifestaron frente a la sede de la patronal del seguro Unespa para también denucniar la decisión de las compañías de seguros de no renovar el concierto sanitario de Muface. Además de los sindicatos mencionado, también participaron representantes de USO, sindicatos del sector educativo como ANPE, ADIDE y USIE, sindicatos de la Policía Nacional como UFP y SUP, la Agrupación de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT).

Las quejas llegan a Bruselas

Con la intención de estabilizar la situación y ofrecer a los funcionarios el sistema de salud que se merecen, CSIF ha llevado a Bruselas todas las quejas que han recibido en las últimas semanas, las cuales denuncia la crítica situación de los mutualistas. La finalidad de esta presentación es que tanto la Comisión Europea como el Parlamento conozcan de primera mano el problema sanitario al que se enfrentan los trabajadores públicos en nuestro país.

Las quejas, informa Europa Press, fueron denunciadas ante el Defensor del Pueblo y registradas en el Congreso de los Diputados el pasado lunes para que los grupos parlamentarios comiencen a poner en valor los beneficios del modelo, además de proponer iniciativas que defiendan la atención que reciben millones de ciudadanos españoles.