Los funcionarios se revuelven a pocos días de conocer el futuro de Muface

La sanidad de 1,5 millones de españoles continúa pendiente de un hilo. Los mutualistas de Muface aún no saben si este 2025 podrán mantener su seguro privado o, por el contrario, se abrirá una nueva senda de la que los responsables políticos, con el ministro Óscar López a la cabeza, no quieren ni oír hablar.

Las aseguradoras tienen hasta el próximo lunes para adherirse al concierto sanitario, siendo de momento Asisa la única que ha mostrado interés en seguir participando. Tras la salida de Adeslas y DKV, el Ministerio de Función Pública ha extendido el plazo de la licitación para tratar de convencerlas –a las anteriormente mencionadas o a otras nuevas que puedan sumarse– para que el modelo no decaiga.

Ante esta situación de incertidumbre que los servidores públicos arrastran desde hace meses, los sindicatos ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, SUP UFP, USIE y USO se movilizan este miércoles frente a la sede de Muface para pedir una solución para el concierto sanitario.

«La mala gestión y la falta total de previsión, sumadas al proyecto encabezado por la ministra de Sanidad para hacer desaparecer la mutua, nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora: un abandono de pacientes, algunos de ellos en tratamiento, llevándonos a todos a una dramática situación de incertidumbre», han lamentado dichos sindicatos, que representan a un amplio porcentaje de funcionarios civiles.

Las diferentes asociaciones piden al Gobierno «que rectifique, abandone sus debates ideológicos internos y actúe con la responsabilidad que la situación requiere». Asimismo, apelan a las aseguradoras sanitarias, recordándoles que durante años «se beneficiaron del sistema mutualista, utilizando a los funcionarios para mejorar su reputación y consolidarse en el mercado». Consideran «inaceptable» que ahora abandonen a miles de pacientes, algunos de ellos en tratamientos esenciales, «en un acto de deslealtad y falta de ética empresarial».

Estas organizaciones, no obstante, no van de la mano de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, que ha desarrollado sus protestas y sus acciones legales, por otro lado. En cualquier caso, todos ellos buscan el mantenimiento del modelo y subrayan que el desembarco en la sanidad pública de un millón y medio de nuevos pacientes causaría «un fuerte impacto», sobre todo en comunidades autónomas que ya están viviendo un colapso y que no podrían soportar esta nueva situación.

Negociaciones 'in extremis'

El Gobierno ya amplió el plazo para participar en la licitación para darse margen de negociación con las aseguradoras. En los últimos días, se ha conocido que Asisa planteó una consulta vinculante en la que cuestiona si un incremento en los costes de los servicios contratados obligaría al Estado a reequilibrar el contrato.

De esta manera, las aseguradoras buscan ser compensadas por el Estado en caso de que finalmente obtengan pérdidas como consecuencia de prestar este servicio. En su respuesta, Muface reconoce que la doctrina del riesgo imprevisible es «perfectamente aplicable» en circunstancias extraordinarias, incluso si no se menciona expresamente en los contratos. Esta herramienta jurídica permite modificar aspectos clave del acuerdo, como las prestaciones o los costes, cuando se presentan condiciones imprevistas de gran magnitud.

Así, el Ejecutivo abre la puerta a que se pueda compensar a las aseguradoras en caso de que en los tres años que prestarán servicio a los funcionarios se producen pérdidas. Esta propuesta no parece convencer a Adeslas y DKV, que mantienen su renuncia a la licitación, debido a que entienden que el Gobierno se refiere a eventos tales como una pandemia y no a la evolución al alza de los costes sanitarios.