Tensión en la sanidad privada: denuncian a dos aseguradoras por «práctica anticompetitiva»

La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el acuerdo entre Generali y Sanitas en materia de seguros de salud. La patronal del sector sanitario considera que esta alianza supone una práctica anticompetitiva y ha decidido emprender acciones judiciales y administrativas tras meses de intentos fallidos de diálogo con ambas aseguradoras.

El acuerdo en cuestión fue firmado en octubre de 2022 y entró en vigor el 1 de enero de 2023. A través de este pacto, Sanitas asumió la gestión de los servicios asistenciales de los asegurados de Generali, así como el pago a los centros sanitarios privados que atendían a estos pacientes. Como consecuencia, los contratos previos de Generali con los centros fueron rescindidos unilateralmente, imponiendo nuevas condiciones no pactadas. Esto ha llevado a que los hospitales y clínicas concertadas con Sanitas tengan que atender a los asegurados de Generali bajo las condiciones económicas y de gestión de Sanitas, y no las previamente acordadas con Generali.

Uno de los principales problemas denunciados por Aspe es que este acuerdo ha provocado una reducción en las tarifas pagadas a los centros sanitarios, hasta un 20 % menos, al integrarse en los términos negociados por Sanitas, que cuenta con una mayor cuota de mercado y poder de negociación. Actualmente, la suma de ambas aseguradoras representa el 21,5 % del sector, lo que, según la patronal, crea un entorno donde los centros sanitarios no pueden rechazar la prestación de servicios sin comprometer su viabilidad económica.

Para frenar esta situación, Aspe ha llevado el caso ante la Dirección de Competencia de la CNMC y ha iniciado diligencias preliminares en los juzgados de lo Mercantil de Madrid. La patronal alega que este acuerdo infringe la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Defensa de la Competencia, además de vulnerar principios de buena fe empresarial.

Desde la perspectiva de Aspe, esta alianza restringe la competencia en el sector, limita la libertad de actuación de los centros sanitarios y afecta directamente a los derechos de los 150.000 asegurados de Generali. En especial, se advierte sobre las dificultades que podrían enfrentar las personas mayores con enfermedades crónicas, quienes podrían verse forzadas a cambiar de médico o centro asistencial.

La patronal ha tratado en repetidas ocasiones de negociar con ambas aseguradoras y ha solicitado información sobre el acuerdo desde su anuncio en 2022. Sin embargo, ante la falta de respuesta y la imposibilidad de alcanzar una solución, ha optado por recurrir a la vía judicial para defender los intereses de los centros sanitarios y los asegurados afectados.