Mónica García acusa a las comunidades del PP de «boicotear» su plan de salud mental

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido este viernes en rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salid (CISNS), contra las comunidades del PP por hacer oposición con la salud mental «boicoteando» así el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, que implicaba un aumento de profesionales o la reducción del consumo excesivo de psicofármacos en el país que más uso hace del mundo.

Así, la titular de la cartera de Sanidad ha lamentado este viernes que los consejeros de Sanidad del PP hayan rechazado este documento. En este sentido, ha afirmado que es «incomprensible que, una vez más, el PP, en contra del criterio de sus propios técnicos, haya votado en contra de un documento en el que es del Ministerio, de todas estas asociaciones y de las comunidades autónomas».

Pese a no salir adelante este viernes, García ha asegurado que la intención del Ministerio es que vuelva a debatirse en un próximo CISNS. Para ello, continuarán trabajando, dialogando e intentando tener «el máximo respaldo posible».

Ahora, el plan volverá a los diferentes consejos consultivos, donde se modificará entre Sanidad y los técnicos de las comunidades autónomas, para después volver a un Consejo Interterritorial. «Nosotros no tenemos ningún inconveniente en mejorar todas y cada una de las propuestas», ha manifestado García.

«Lo que han rechazo las comunidades del PP es un aumento de profesionales en salud mental; la reducción del consumo excesivo de psicofármacos; la creación de la especialidad de psicología clínica de la infancia y de la adolescencia; mejorar el acceso a la psicoterapia, y un plan específico de atención a la salud mental de los profesionales sanitarios», ha concretado la ministra, quien ha criticado el «bloqueo caprichoso» del PP.

Luz verde al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio

Por otro lado, la ministra de Sanidad ha anunciado la aprobación del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, que tiene como principal objetivo reducir y prevenir la conducta suicida en la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Para ello, se busca proporcionar apoyo adecuado, fortalecer las redes de protección y sensibilizar a la sociedad para disminuir el estigma asociado al suicidio.

En este sentido, García ha calificado de «fundamental» este documento para recopilar y analizar de forma rigurosa datos que ayuden a entender mejor las causas y los factores de riesgo del suicidio, con el objetivo de diseñar a partir de ello estrategias «más efectivas».

Al hilo, ha asegurado que el plan pretende, entre otras muchas cosas, mejorar la coordinación del teléfono 024 con los servicios asistenciales de las comunidades autónomas. Para ello, se promoverá la creación de equipos de atención al riesgo suicida en los servicios de salud mental de las CC.AA., con capacidad de brindar atención telefónica y ofrecer apoyo inmediato y acompañamiento a la persona que esté en esta situación.

Además, ha señalado que se implementará un sistema de vigilancia en salud mental dentro de la Red Estatak de Vigilancia en Salud Pública. «Esto significa que, por primera vez, la salud mental va a integrarse plenamente en los mecanismos de seguimiento y de alerta de la salud pública, permitiéndonos detectar tendencias y responder de una manera mucho más ágil y mucho más coordinada», ha apuntado.

Para la implementación de este plan de prevención del suicidio, García ha indicado que hay una financiación de 18 millones de euros. En el documento se señala que la distribución económica entre las CCAA y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) «estará supeditado al cumplimiento» de las acciones recogidas en el Plan.

«El reparto de estas cuantías lo tenemos que debatir y lo tenemos que aprobar en otro Consejo Interterritorial. Este es un procedimiento que se hace así con todos los planes y con todas las aportaciones económicas que se hace a las comunidades. Quiero decir que nosotros aseguramos una financiación y luego el propio reparto tiene que tener su propio procedimiento», ha argumentado la ministra.