El TS rechaza evaluar la idoneidad de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres

El Tribunal Supremo ha decidido no pronunciarse sobre la idoneidad de Isabel García para dirigir el Instituto de las Mujeres, cargo cuya designación fue impugnada por diversas asociaciones al considerar que su postura excluía a las mujeres trans. El alto tribunal considera que resolver ahora sobre este asunto carece de sentido, dado que García fue cesada el pasado mes de julio.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia cuya ponencia ha sido redactada por su presidente interino, el magistrado Pablo Lucas, responde así al recurso interpuesto por la Plataforma por los Derechos Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas. Ambas organizaciones recurrieron el nombramiento de García, realizado mediante real decreto el 27 de diciembre de 2023.

Los colectivos solicitaban que se declarara dicho decreto «contrario a Derecho», argumentando que García era «una persona inidónea» para desempeñar esa función. Alegaban que su formación y trayectoria profesional resultaban «insuficientes», pero sobre todo destacaban que la exdirectora mantenía «posiciones discriminatorias», al no reconocer como mujeres a las personas trans, a quienes, según las asociaciones recurrentes, «deliberadamente desprecia».

En su demanda, defendían que la destitución de una persona que consideraban «claramente incompetente, sin formación ni experiencia y opuesta a los enfoques actuales sobre las distintas realidades y violencias que afectan a las mujeres en la sociedad» supondría un avance positivo para los intereses de sus organizaciones.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitó que se rechazara el recurso, alegando que las asociaciones carecían de legitimación activa, ya que existía una «desconexión» entre su objeto social y las competencias del Instituto de las Mujeres. En este sentido, subrayaban que «las políticas destinadas a garantizar los derechos del colectivo LGTBI no corresponden al Instituto de las Mujeres, sino a la dirección general para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ y al Consejo de Participación de las Personas LGTBI».

Además, la Abogacía del Estado sostenía que García reunía los conocimientos y la experiencia adecuados para ejercer el cargo. Consideraban que el verdadero motivo del recurso radicaba en la acusación de «posiciones discriminatorias» formulada por las asociaciones, argumento que los Servicios Jurídicos del Estado calificaban de «circunstancias metajurídicas» sin relevancia legal.

Controversia por los contratos de los Puntos Violeta

Cuando el proceso judicial ya estaba en fase de conclusiones, García fue cesada de su cargo tras la polémica suscitada por la adjudicación de contratos para la gestión de los Puntos Violeta. Según trascendió, tanto ella como su pareja habrían obtenido dichos contratos de ayuntamientos gobernados por el PSOE.

Tras su destitución, la Abogacía del Estado solicitó al Supremo que declarara la «pérdida sobrevenida de objeto» del recurso, dado que la impugnación se refería a un nombramiento que ya no estaba en vigor. No obstante, las asociaciones recurrentes insistieron en que el tribunal debía pronunciarse sobre la «ilegalidad» de la designación de García.

Finalmente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una sentencia recogida por Europa Press, concluyó que las asociaciones sí estaban legitimadas para recurrir la designación, al considerar que «no puede negarse la conexión entre sus intereses y la labor del Instituto de las Mujeres». Sin embargo, dictaminó que el cese de García provocaba la «pérdida sobrevenida del objeto del recurso», sin que resultara relevante si el decreto de destitución explicaba o no las razones del cese, más allá de expresar el agradecimiento por los servicios prestados.