La acusada junto al empresario EUROPA PRESS 07/4/2025
Una doctora se enfrenta a cuatro años de cárcel por estafar a lesionados medulares con una técnica no autorizada
Los pacientes pagaron entre 2.793 y 5.964 euros por la primera fase del tratamiento, pero nunca llegaron a pasar a la segunda, ya que se les informaba que no eran aptos para el trasplante
La doctora Almudena Ramón enfrenta una condena de cuatro años de prisión acusada de estafar, junto a un empresario, a varios pacientes con lesiones medulares. Estos pacientes confiaron en ella debido a su prestigio y le creyeron cuando les prometió una curación o mejora significativa mediante una terapia innovadora, aunque dicha terapia no había sido probada en ensayos clínicos ni contaba con la autorización de las autoridades sanitarias.
El juicio comenzó este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Los dos acusados declararán al final. Sus defensores han solicitado la nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales debido a una investigación prospectiva y, por tanto, han pedido la absolución. La Fiscalía se opone a esta solicitud y la jueza resolverá sobre el asunto en la sentencia.
Los hechos ocurrieron en una clínica de Valencia entre 2015 y 2017. Según la acusación, los dos acusados, en complicidad, aprovecharon la fama de la doctora, que había dado conferencias sobre el trasplante de células y publicado artículos científicos, para dar mayor credibilidad a la terapia que ofrecían.
La primera fase incluía un diagnóstico multisistema para identificar el perfil anatómico y funcional del paciente, a fin de determinar si era apto para recibir la terapia. A continuación, se aplicaba una terapia de activación medular que combinaba tratamiento farmacológico, rehabilitación, fisioterapia, nutrición y psicoterapia, con el objetivo de activar regiones específicas de la médula espinal y mejorar el funcionamiento de los sistemas afectados por la lesión.
La tercera fase consistía en un trasplante celular mediante la inyección de células glía envolventes del bulbo olfatorio del propio paciente, y la última fase era una terapia de reinervación y estabilización funcional para reconectar y activar fibras nerviosas específicas.
Para atraer pacientes, los acusados adjuntaban documentos que mostraban los casos de tres personas que supuestamente habían recuperado actividad muscular y sensibilidad tras someterse a la terapia. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la terapia y, especialmente, el trasplante celular que ofrecían, carecían de evaluación clínica y no se habían sometido a estudios preclínicos. Además, no contaban con la autorización de la Agencia Española del Medicamento, lo cual los acusados sabían perfectamente.
En la segunda fase del tratamiento, los medicamentos utilizados eran homeopáticos, sin indicación terapéutica y destinados a tratar síntomas menores, no adecuados para pacientes con una afección tan grave como una lesión medular.
Los acusados, según la Fiscalía, se aprovecharon de la vulnerabilidad de los pacientes con lesiones medulares, quienes, en su desesperación por encontrar una solución, confiaron en lo que parecía un tratamiento legítimo que les ofrecía la posibilidad de curarse o mejorar notablemente. Así, muchos de estos pacientes accedieron a someterse a la terapia.
Los pacientes pagaron entre 2.793 y 5.964 euros por la primera fase del tratamiento, pero nunca llegaron a pasar a la segunda, ya que se les informaba que no eran aptos para el trasplante, sabiendo que este nunca podría realizarse por no estar autorizado. Uno de los pacientes decidió no continuar cuando le informaron que el coste de la segunda fase ascendía a 60.000 euros.
