El Tribunal de Cuentas revela que el Gobierno ni tenía un sistema de emergencias en la covid ni tampoco ahora

Después de que se haya sacado a relucir el reguero de escándalos que envuelve la gestión de la pandemia de la covid por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el Tribunal de Cuentas ha evidenciado en un detallado informe, aprobado el 27 de marzo, las muchas deficiencias y errores que el Ejecutivo cometió durante aquella etapa.

Según el Informe de Fiscalización de los Sistemas de Información de Sanidad y Salud Pública de los ejercicios de los años 2019, 2020 y 2021, al que ha accedido El Debate, en el momento en el que emergió la alerta ocasionada por el virus del Covid-19, el Ministerio de Sanidad, liderado por aquel entonces por el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «carecía de un sistema de información específico para la gestión, monitorización y coordinación de emergencias sanitarias y de información suficiente sobre las capacidades tecnológicas de las Comunidades Autónomas en este ámbito».

El Tribunal de Cuentas denuncia que la ausencia de una herramienta adecuada motivó que durante la pandemia la mayor parte de la gestión de estas alertas, que correspondió al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) se desarrollara a través de «herramientas ofimáticas comerciales, comunicaciones por correo electrónico, telefónicas o videoconferencias». Además, denuncia que se utilizó indebidamente el «módulo de incidencias» del sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ya que «no tenía dicha finalidad».

Aunque la citada institución se muestra comprensiva con el Ejecutivo en el momento de la pandemia «dada la situación extremadamente excepcional existente en aquel momento», afea hoy en día al Gobierno de Sánchez que siga sin completarse la implementación de las medidas previstas en la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública que se encuentran en desarrollo. Estas son: un nuevo Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública y un Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida creado por el Real Decreto 568/2024, que se encuentra todavía pendiente de completar.

Vacunación poco «fiable»

Asimismo, el documento revela que el Ministerio de Sanidad carecía al principio de la pandemia de un registro estatal de vacunación, por lo que los ciudadanos debían acreditar documentalmente su historial de vacunación en caso de ser atendidos en otro servicio de salud autonómico. Esto provocó que no se pudieran efectuar «análisis más detallados sobre los programas de vacunación (eficacia, acción en salud pública, planificación de suministros, entre otros)», señala el informe.

Por otro lado, denuncia que la información sobre vacunas no incluía ni las administradas en centros privados de todas las comunidades autónomas ni tampoco la profilaxis administrada por los Centros de Vacunación de Sanidad Exterior del propio Ministerio de Sanidad, lo que supuso «una deficiencia de coordinación». Esto produjo que la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la cartera que lideraba Illa, «solo podía producir una información con limitaciones y con desfase temporal», apunta el documento del Tribunal de Cuentas

Además, el documento desarrollado por el Tribunal de Cuentas explica que el sistema utilizado por el Gobierno de Sánchez para gestionar las vacunas, SISAEX-VAC, «adolece de deficiencias significativas, ya que su modelo de datos es muy complejo y está soportado por una tecnología que ha quedado superada, por lo que su gestión y adaptación a las novedades es costosa y compleja». De hecho, la integración de la actividad vacunal sobre el Covid-19, «se efectuó con retraso».