La Ley de protección animal podría agravar los estragos que provocan los jabalíes

Lo que en un primer momento parecían incursiones locales y anecdóticas han terminado deviniendo en un problema global y cada vez más frecuente. Cuando hace algunos lustros ciudades como Madrid o Barcelona registraron los primeros avistamientos de jabalíes en suelo urbano resultaba difícil prever que la presencia de estos animales y sus estragos acabarían por convertirse en algo relativamente habitual en núcleos rurales y barrios próximos a zonas montañosas con el paso de los años.

La población del jabalí se ha multiplicado desde hace más de una década, y a pesar de las batidas impulsadas por comunidades y ayuntamientos para intentar evitar los estragos que ocasionan cada vez que salen de su hábitat, el problema persiste. Las consecuencias de sus «expediciones» a las zonas pobladas son numerosas y diversas: accidentes de tráfico, ataques a personas, destrozos en mobiliario urbano, transmisión de enfermedades tan graves como la gripe porcina… todo ello alentado por la búsqueda de comida, algo que tiende a volverse más habitual en las épocas de sequía.

El problema ya se extiende de Andalucía a Roma, y de Estados Unidos a Hannover. La semana pasada, sin ir más lejos, más de 200 científicos y expertos internacionales reclamaron a las administraciones desarrollar e implementar planes de acción basados en criterios científicos y métodos validados para controlar su volumen. Andalucía, por ejemplo, lleva varios años en situación de emergencia cinegética por los daños y riesgos sanitarios de los suidos. La capital italiana, por su parte, resulta un destino apetecible para manadas enteras que desfilan por sus calles espoleadas por la abundancia de basura.

Mientras algunas comunidades, como Cataluña, han puesto en marcha campañas para inocular vacunas contraceptivas con las que tratar de frenar su reproducción, las batidas de caza selectivas siguen siendo un dique de contención que, aunque no del todo efectivo, suponen una importante herramienta para controlar su población.

Y es ahí donde la Ley de bienestar animal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (dirigido por Unidas Podemos) podría entrañar una cortapisa para la actividad cinegética. Tras las quejas del sector, el PSOE ha presentado finalmente esta semana una enmienda para excluir a la caza del texto. Pero aunque desde la Federación Española de Caza (RFEC) acogen la iniciativa con optimismo, sus representantes piden «prudencia ante una tramitación que continúa abierta».

La Ley, «una barbaridad»

«Nosotros llevábamos tiempo negociando con el Gobierno y el PSOE por fin ha entendido que esa Ley es una barbaridad», refiere a El Debate su vicepresidente, Jose María Mancheño, quien centra el problema en las trabas puestas para la utilización de los perros de caza, a los que se equipara como animales domésticos. «Es lo que nosotros decimos: estamos de acuerdo con el bienestar animal, pero todo el mundo entenderá que no es lo mismo un perro que está en casa y que es un animal de compañía que los perros que los cazadores puedan tener, que normalmente lo que hacen es auxiliar en una actividad», añade el representante, que valora la enmienda como un «paso importante».

Pero todavía queda mucho por andar. Por el momento, Podemos ha calificado de «extrema gravedad» la decisión y se ha cuestionado si su socio de coalición pretende sacarla adelante «con la ayuda del PP», según ha expresado en rueda de prensa su coportavoz María Teresa Pérez.