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Productos en los lineales de un supermercadoEuropa Press

La UE exigirá evidencias de reclamos 'verdes' y prohibirá el 'ecopostureo' para evitar engaños a consumidores

Se prohibirán declaraciones como «respetuoso con el medio ambiente», «natural», «biodegradable», «climáticamente neutral» o «eco», sin pruebas

Los negociadores del Parlamento Europeo y los Veintisiete han alcanzado un acuerdo provisional sobre las nuevas normas comunitarias que exigirán evidencias de reclamos 'verdes' y prohibirán el 'ecopostureo' para proteger a los consumidores de la publicidad engañosa y garantizar una mejor información sobre los productos.

En concreto, los colegisladores han acordado prohibir declaraciones ambientales genéricas como «respetuoso con el medio ambiente», «natural», «biodegradable», «climáticamente neutral» o «eco», sin pruebas de un excelente desempeño ambiental reconocido relevante para la declaración así como etiquetas de sostenibilidad que no se basen en sistemas de certificación aprobados ni establecidos por autoridades públicas.

Además, si los productos u organizaciones se comparan con otros, estas comparaciones deben ser justas y basarse en información y datos equivalentes y se exigirá que los sistemas de etiquetado medioambiental sean sólidos, fiables, transparentes y estén verificados.

Se establecerá también una nueva etiqueta armonizada para destacar productos con garantía ampliada a fin de hacer más visible esta información, ya que muchas personas no saben que todos los productos disfrutan de al menos dos años de garantía en la UE.

Por su lado, la Comisión Europea tendrá también la tarea de diseñar una nueva etiqueta para los productores que deseen resaltar la calidad de sus productos ampliando el período de garantía de forma gratuita.

Para convertirse en ley, el acuerdo provisional tendrá que obtener el visto bueno final tanto del Parlamento como del Consejo. Se espera que la votación de los eurodiputados tenga lugar en noviembre y, una vez entre en vigor la directiva, los Estados miembro tendrán 24 meses para incorporar las nuevas normas a su legislación.