Entrada a Villar de Cañas, en Cuenca
El Gobierno entierra instalar un cementerio nuclear en Villar de Cañas y acelera el fin de esta energía
A cambio, se construirán siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en el que se establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares.
Doce años después de que el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobase la instalación de un almacén temporal centralizado (ATC) –un cementerio nuclear– en la localidad conquense de Villar de Cañas, Pedro Sánchez ha enterrado este proyecto. A cambio, se construirán siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo.
De igual manera, contempla la construcción de un almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un almacén geológico profundo (AGP), una solución técnica que, según el Ministerio, ya estaba prevista en el sexto plan de residuos.
En cuanto al cierre de las nucleares, el sexto PGRR preveía su desaparición entre 2021 y 2028, un plazo que se ha extendido y ahora será entre 2027 y 2035. El nuevo plan prevé además el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I –parada desde 1989 por un accidente grave–, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
El Miteco asegura que el plan está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija la hoja de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.
El plan contempla también un coste de 20.200 millones que sufragarán los titulares de las instalaciones atómicas bajo el principio de 'quien contamina, paga'. Se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares. El Gobierno dará cuenta de la aprobación del plan a la Cortes y a la Comisión Europea.
Alegría y descontento en Villar de Cañas
En el municipio de Cuenca que se queda sin cementerio nuclear este miércoles se vivieron dos sentimientos. Por un lado, la alegría de quienes se opusieron a esta construcción desde el principio, que han vivido doce años con la incertidumbre de si finalmente se haría o no. Entre ellos, el presidente de Castilla-La Manca, Emiliano García-Page, que ha aplaudido la decisión. El socialista expresó a través de X que la puesta en marcha de este ATC fue una decisión personal y partidista de María Dolores de Cospedal «contra criterios técnicos y el sentir ciudadano».
Por el otro lado, en cambio, encontramos a muchos vecinos decepcionados con la resolución final. El proyecto hubiese llevado a Villar de Cañas una inversión de más de 1.000 millones de euros. Algunos de sus ciudadanos habían ya abierto negocios ante la llegada del ATC, como hoteles, bares y hasta estudios de ingeniería.
De la misma forma, la localidad mejoró sus carreteras de acceso y construyó varios edificios que albergarían las oficinas de Enresa y otras empresas, así como laboratorios medioambientales. Unos propósitos que ahora quedan en papel mojado para ilusión de ecologistas, que critican la intención del anterior alcalde y el actual de recurrir el plan ante el Tribunal Supremo: «Lamentamos que se dejen llevar únicamente por la ambición de conseguir los 2,4 millones de euros que recibiría el Ayuntamiento», recalcan desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca.