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Vista del antiguo puente en el embalse de Guadalteba que han emergido al bajar drásticamente el nivel debido a la falta de lluvias. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde hoy lunes al cuarto Decreto de Sequía de la comunidad que, dotado con 217,8 millones de euros

Vista del puente en el embalse de Guadalteba que ha emergido al bajar drásticamente el nivel debido a la falta de lluviasEFE

España se encuentra en el tercer puesto de la UE en cuanto a estrés hídrico, por detrás de Malta y Bélgica

Un estudio concluye que nuestro país debe incorporar ya un ente regulador del ciclo urbano, así como homogeneizar la estructura tarifaria

España se encuentra en el tercer puesto de la Unión Europea (UE) en cuanto a estrés hídrico por detrás de Malta y Bélgica, según un estudio que analiza el modelo de gestión del agua en España promovido por la empresa Facsa, que apunta que la inversión pública destinada al transporte, abastecimiento o depuración de agua es un 50 % inferior al año 2010.

La empresa FACSA, con 150 años de experiencia en la gestión del ciclo del agua en España, ha elaborado un estudio junto con la consultora de Asuntos Públicos Red2Red durante cinco meses, teniendo en cuenta que el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales, pero la disponibilidad de recursos hídricos es finita, y depende de factores como el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, el surgimiento de nuevos usos, y los efectos del cambio climático, según ha informado la compañía en un comunicado.

El trabajo –que se puede consultar en la web elaguaprimero– concluye que España debe incorporar ya un ente regulador del ciclo urbano, así como que es necesario homogeneizar la estructura tarifaria en todo el país de manera que incluya los costes de operación y la amortización de las inversiones, y propone la creación de un Fondo Nacional del Agua que facilite la inversión de infraestructuras, en línea con la colaboración público-privada.

El objetivo es adecuar cuanto antes el modelo a través de una gestión adecuada de la demanda y el suministro, que apoye a una planificación hidrológica basada en la solidaridad entre territorios. También, por la escasez de infraestructuras y la necesidad de renovar las actuales, mejorar su eficiencia así como apostar claramente por la innovación y la digitalización.

El informe parte de una situación «clara» en la que España tiene una capacidad de embalse de 56.000 hectómetros cúbicos, lo que supone que en estos momentos (a fecha de febrero de 2024) el volumen de agua embalsada apenas llega al 50,13 %. En esta situación, el estrés hídrico (relación entre agua dulce extraída y disponibilidad de recurso) alcanza el 42 %, lo que hace que nuestro país se sitúe en el tercer puesto del ranking de la UE solo por detrás de Malta y Bélgica.

Por el contrario, Portugal se encuentra en el otro lado de la clasificación con una ratio del 12 %. «Se trata de un caso paradigmático, ya que también está afrontando una situación similar en materia de sequía. De hecho, el Gobierno luso acaba de aprobar un plan de contingencia que va a afectar a la agricultura y al consumo doméstico en la región del Algarve», según la empresa.

Urgente invertir en infraestructuras

España, a pesar de ser uno de los países con mayor estrés hídrico de la UE, presenta una creciente demanda de agua, sobre todo, debido a la transformación del cultivo de secano a regadío, según el director general de FACSA, José Claramonte, que ha advertido que «el sistema de gestión del agua será insostenible si no cambiamos e invertimos en nuevas infraestructuras para el ciclo integral del agua o mejoramos la eficiencia a través de la renovación de los activos actuales».

«La solución a la escasez del recurso vendrá por esa mejora en la eficiencia y por la inversión en recursos no convencionales, es decir, nuevas infraestructuras que desarrollen o pongan a disposición la reutilización de las aguas o la exhalación de agua de mar».

Para poder conseguir el equilibrio entre la demanda y la oferta se necesitan recursos económicos, según Claramonte que ha señalado que el informe propone la creación de un Fondo Nacional de Agua que dé cobertura a estas inversiones y la creación o la nueva formulación de la estructura tarifaria de los municipios, de los abastecimientos de los municipios, en la que se contemplen todos los costes de gestión del agua desde la operación hasta las inversiones, incluso los costes sociales o ambientales.

«Tenemos que cambiar el paradigma en la gestión del agua. Venimos históricamente de una cultura de que teníamos una España húmeda y una España seca y que teníamos agua pero mal repartida, y tenemos que cambiar a un nuevo paradigma de que no tenemos agua suficiente para todos», ha subrayado.

Estructura tarifaria única

El informe detalla que el mayor porcentaje del consumo corresponde al sector agrario (80 %), seguido del doméstico, con un 15,5 % y en el entorno urbano se detecta una disminución en la disponibilidad del agua desde 2005. Mientras que el tratamiento y la reutilización de aguas residuales se han mantenido estables, con un aumento considerable incluso hasta 2004, las pérdidas han disminuido en el abastecimiento urbano, situándose en el 15,4 % en 2020. Además la inversión pública destinada al transporte, depuración o abastecimiento de agua se ha situado en niveles un 50 % inferiores a los reflejados en el año 2010.

Un posible motivo, según el trabajo, es por las tarifas, ya que España cuenta con las más bajas de la Unión Europea, colocándose el séptimo por la cola. Una situación similar en lo que tiene que ver con inversión por habitante, solo por encima de Chipre y Eslovenia, mientras que en longitud de red, España solo se encuentra por encima de países como Rumanía, Malta y Estonia. Por ello, el informe apunta a la necesidad de generar una estructura tarifaria única, que sea homogénea para todo el territorio nacional y que recoja los costes de operación y la amortización de las inversiones.

También propone la revisión del sistema actual de gobernanza para que pueda evolucionar hacia un marco regulatorio que fomente la participación de la ciudadanía y contribuya a una gestión más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico.

Para ello, el informe elaborado por FACSA propone un nuevo modelo de gestión del agua basado en un decálogo con propuestas de solución que van desde la creación de un Pacto Nacional del Agua y la mayor inversión en infraestructuras hasta la apuesta por la economía circular del agua y la digitalización. Además, pone el foco en un activo necesario para la sociedad en general, como es el fomento de la concienciación y sensibilización sobre el uso correcto del agua.

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