Azud de Etxezarreta 1, en el río Oria
El Gobierno demolió 328 infraestructuras hídricas entre 2018 y 2022
Durante el período comprendido entre 2018 y 2022, el Gobierno ha llevado a cabo la demolición o retirada de un total de 328 «barreras transversales» o infraestructuras hídricas que se consideraban «sin uso» y que representaban obstáculos para la circulación del agua en 33 provincias de España.
Esta acción, enmarcada en el contexto de la adaptación al cambio climático, ha sido revelada en respuesta a una pregunta presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de febrero por miembros del grupo parlamentario Vox. Desde hace meses se ha venido destacando esta retirada de infraestructuras hídricas, una medida que gran parte de la población no entendía debido a la situación de sequía meteorológica que vive el país desde hace tiempo.
Por provincias, se destaca que Guipúzcoa encabezó la lista con 73 infraestructuras demolidas, seguida por Asturias con 59, Cantabria con 28, Lugo con 22, Navarra con 16, León con 13 y Sevilla con 11. En dos provincias, Gerona y Guipúzcoa, se realizaron intervenciones durante cada uno de los últimos cinco años. Mientras que en otras tres provincias –Albacete, Orense y Pontevedra– se llevaron a cabo acciones durante cuatro años, y en tres más –León, Madrid y Vizcaya– durante tres años. El resto de las provincias afectadas experimentaron intervenciones durante uno o dos años.
El año 2022 registró el mayor número de actuaciones, con un total de 141, seguido de 2021 con 105 y 2019 con 34, mientras que los datos correspondientes al año 2023 aún se están recopilando.
«Apenas embalsan agua»
El Gobierno señala que más de 19.000 obras transversales de este tipo han sido inventariadas en las masas de agua de las cuencas intercomunitarias, siendo la mayoría de ellas estructuras de baja altura, como antiguos azudes de derivación, pequeñas represas, vados, pasos de puentes, pasarelas u obras de drenaje formadas por tubos, que «apenas embalsan agua» y difieren significativamente de los grandes embalses.
La ejecución de estas intervenciones está respaldada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, que permite el desmantelamiento de obras o instalaciones en el dominio público hidráulico que no tienen ningún uso, con el fin de restaurar el estado original por razones ambientales y de seguridad.
Restaurar la continuidad fluvial se considera una herramienta esencial para alcanzar los objetivos ambientales de la planificación hidrológica, ya que contribuye a mejorar las poblaciones de especies asociadas a los ríos y a reducir los riesgos de inundación.