Francia facilita las autorizaciones para cazar lobos mientras en España se producen una veintena de ataques al día

Cada semana surgen nuevos casos de ataques de lobos al ganado en las llamadas comunidades loberas –Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón y La Rioja–. Una situación que se complica por la expansión de la especie y que ha llegado a poner en riesgo la vida de las personas, como el caso del pastor asturiano de 17 años que tuvo que encaramarse a un árbol para no ser devorado por un cánido.

Los censos de lobos no han hecho más que crecer desde su inclusión en el listado de especies protegidas (Lespre), algo que las regiones afectadas quieren eliminar para poder controlar la población de estos animales y evitar así que continúen atacando al ganado. Y es que, según los últimos informes, se producen más de 8.000 ataques a ganado extensivo, unos 22 asaltos diarios, con 10.000 cabezas predadas, 27 al día, lo que supone un gasto anual de 3,5 millones de euros en compensación de daños y más de cuatro millones en medidas preventivas.

La presión de las comunidades, que llegado a generar enfrentamientos entre Asturias –gobernada por el PSOE– y el propio Ministerio de Transición Ecológica, no parece dar sus frutos y los ganaderos asisten con impotencia a la muerte de sus animales a manos del lobo.

En Francia tienen el mismo problema con estos animales, pero su gobierno ha decidido ponerle solución. Hace un par de meses, los ministerios de Agricultura y Ecología presentaron un nuevo plan sobre el lobo para el periodo 2024-2029 en medio de una fuerte presión de agricultores y ganaderos, que solicitan al ejecutivo galo una simplificación de las reglas a las que están sometidos en su trabajo.

«Tiros de defensa»

Estos dos departamentos anunciaron un decreto que establece un nuevo marco para las operaciones de los llamados «tiros de defensa» contra los lobos, y que ahora va a permitir el uso de cámaras de observación nocturna o la formación de brigadas de dos e incluso tres tiradores.

El país vecino acelera así los procedimientos para dar autorizaciones que permitan matar a estos depredadores cuando se produzcan ataques al ganado, siempre a condición de que hayan puesto en marcha medidas de protección de sus rebaños. Concretamente se otorgarán en un máximo de 48 horas después del ataque, si ya se habían dado autorizaciones anteriormente, y en 72 horas si es un procedimiento nuevo.

Debido a la categorización del lobo como una especie «estrictamente protegida» en toda la Unión Europea, similar a los rebaños de bovinos, caballos y asnos, se considera que estos últimos no pueden ser protegidos contra los ataques de los lobos. Como consecuencia, los prefectos, quienes actúan como delegados del Gobierno, otorgarán permisos a los ganaderos desde el primer incidente.

Sin embargo, la caza de lobos está prohibida, salvo en circunstancias excepcionales y con limitaciones significativas, debido a su estatus de protección. En Francia, existe un límite máximo del 19 % de la población total de lobos que puede ser sacrificada. El año pasado, se alcanzó este límite con la eliminación de 207 ejemplares, apenas dos menos que el máximo permitido de 209.

La mayor parte de estas bajas, un 85 %, son llevadas a cabo por agentes especializados, mientras que el 15 % restante es responsabilidad de los ganaderos autorizados a actuar contra los lobos. Para este año, el límite se determinará una vez que se haya completado un censo de la población de lobos en marzo. En 2023, se estimó que había 1.104 lobos en comparación con los 430 registrados en 2018.

En cuanto a las compensaciones por los daños causados a los rebaños por los ataques de lobos, se planea aumentarlas en un 33 % para las ovejas y un 25 % para las cabras. Ante el aumento de la población de lobos, la Unión Europea está considerando revisar el estatus de protección del lobo, lo que podría resultar en que simplemente sea catalogado como una especie protegida. Esto permitiría, en el caso de Francia, disparar a los lobos no solo en respuesta a un ataque, sino también como una medida preventiva.

Reproches en Asturias

Asturias es la comunidad en la que el ambiente está más caldeado a cuenta de la polémica con el lobo. El Partido Popular de la región recalca que no hay «ninguna razón y no hay ninguna normativa que, a día de hoy, impida que el Principado de Asturias si quiere pueda poner en marcha los mecanismos para hacer control poblacional de lobo». «El principado ha preferido ir por una vía judicial para ponerse una careta que le permite ganar tiempo y ganar tiempo para el gobierno de Pedro Sánchez. Una vez más Barbón actúa más como secretario del general del PSOE que como presidente de todos los asturianos», ha indicado Álvaro Queipo, presidente del PP regional.

El líder de los populares asturianos ha manifestado que la pregunta que hay que hacerse es por qué hay que esperar a 2025 para analizar si el lobo tiene que salir del Lespre. «Analícese ya y sáquese del Lespre. La realidad del campo asturiano es absolutamente desastrosa», ha indicado Álvaro Queipo.

Asimismo, ha indicado que el PP llevará al Congreso de los Diputados una propuesta para que, de forma inmediata y con rango de ley, se excluya al lobo del Lespre. Ha indicado que eso va a ocurrir en este periodo de sesiones y ahí tendrán una vez más, los diputados asturianos, «que ponerse en la tesitura de defender a los ganaderos asturianos y por tanto a Asturias o de proteger a Pedro Sánchez».