El Gobierno de Murcia califica de «bulo» el informe que indica que las aguas residuales contaminan el Mar Menor

El Gobierno de Murcia considera que el estudio de unas investigadoras de la Universidad Rey Juan Carlos que considera vertidos de aguas residuales mal depuradas que contribuyen a la contaminación del Mar Menor es un «nuevo bulo pagado de la Fundación Ingenio». Se muestran tajantes al defender que de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Torre Pacheco «no sale ninguna gota de agua sin depurar y regenerar, ni en tiempos de lluvia ni en tiempos secos».

Además, desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia advierten que al fundación mencionada ha comprado el estudio mediante investigadoras de la URJC por un precio de 58.000 euros.

Igualmente, opinan que se amparan en datos «sesgados y desfasados (2019-2022), que corresponden únicamente a días de lluvia y a un agua que la red de saneamiento municipal derivaba en casos excepcionales a cauce público cuando la depuradora llegaba al máximo de su capacidad». Se defienden argumentando que desde 2023 está en funcionamiento un tanque de tormentas en Torre Pacheco, construido por la Comunidad, con 66.000 m3 de capacidad (el equivalente a 24 piscinas olímpicas) que recoge cualquier excedente de agua del saneamiento municipal que pueda producirse por episodios intensos de lluvia.

«Todo el agua que sale de la EDAR de Torre Pacheco lo hace depurada y regenerada para su aprovechamiento, como acredita la propia Unión Europea, la CHS, el Ministerio y laboratorios independientes», recalcan y recuerdan que las depuradoras de la Región de Murcia cumplen sobradamente con la legislación vigente. «La Región de Murcia es una de las Comunidades Autónomas de España y de las pocas de Europa que cumple sobradamente con la Directiva Europea 91/217 de tratamiento de aguas residuales».

Terminan el comunicado acusando directamente a la Fundación Ingenio, que dicen que vuelve «a desinformar y lanzar mentiras» solo para «contentar a quienes financian su actividad». Exigen a la fundación que debe aclarar si está «utilizando la Justicia para hacer ruido y confundir a la población».