Ley de bienestar animal: Los perros potencialmente peligrosos podrán dejar de serlo si superan una prueba

Casi 16 meses han pasado desde que se aprobó en el Congreso la ley de bienestar animal. Una norma que ya nació entre controversias y que a punto estuvo de no aprobarse por las desavenencias entre los socios del Gobierno. Los impulsores de la misma, miembros de Podemos con Ione Belarra a la cabeza, exigían que los perros de caza estuviesen incluidos, pero una enmienda del PSOE los sacó del texto, provocando la ira de los morados.

A pesar de ello, la ley salió adelante, aunque muchas de las partes implicadas, como los comerciantes de las tiendas de animales o los veterinarios, denunciaron falta de diálogo con ellos para redactar el texto. Acusaban principalmente a Sergio García Torres, director de Derechos de los Animales, que se mantuvo en el cargo hasta su cese a pesar de anunciar que dimitiría si los perros de caza no se incluían.

Con todo esto, Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales a julio de 2023, por lo que este movimiento paralizó la aprobación de los reglamentos que regulan la ley de bienestar animal. Aunque los borradores estaban escritos, el nuevo director en la nueva legislatura, José Ramón Becerra, decidió desecharlos y empezar de cero para intentar contar con el beneplácito de todas las partes.

Y parece que ahora, 10 meses después de su entrada en vigor, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 ha remitido ya a las comunidades autónomas un borrador del real decreto que desarrolla los 25 artículos de la ley, ya que hasta ahora se mantenían varios aspectos relevantes pendientes de desarrollo reglamentario. Dicha propuesta será expuesta el próximo 17 de julio en una reunión técnica con los gobiernos autonómicos, que podrán presentar cambios al texto hasta el 31 de agosto.

Uno de los puntos más espinosos es el relativo a los perros potencialmente peligrosos (PPP). Existía cierta incertidumbre sobre cómo dejaba la nueva ley de bienestar animal a este grupo y, según el borrador del real decreto que la regula, desde el ministerio se plantea que las razas que se incluyen en dentro de esta categorización puedan dejar de tenerla si el animal supera una prueba de aptitud a la que deberán someterse a los 12 meses de edad.

Esta prueba será realizada por profesionales del comportamiento animal y deberán ser inscritas en el registro de identificación del perro para que quede constancia. Según dicta la propuesta, aquellos canes que no hayan superado la prueba y que, por tanto, se considerarían potencialmente peligrosos, tendrán prohibida su reproducción, salvo en ciertos casos.

Dentro de este ámbito, solo podrán reproducirse los perros inscritos como reproductores en el momento de su identificación, algo que también aplicaría para los gatos.

Cabe recordar que la ley específica que regula los PPP data de hace un cuarto de siglo y establece que depende de «una tipología racial, carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula con capacidad de causar la muerte o lesiones». El listado de perros con esta consideración incluye las tipologías Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu, además de otras que han añadido las comunidades autónomas.