La costa española, en riesgo: nuestro país comenzará a perder playas en los próximos 10 años

Las playas de nuestro país son uno de nuestros bienes más queridos. Con aproximadamente 8.000 kilómetros de costa, los arenales son uno de los principales atractivos de España, especialmente en verano, para turistas tanto nacionales como internacionales.

Sin embargo, algunos creen que están en peligro debido al cambio del clima, que podría terminar con muchas de estas playas. Así lo ha advertido la ONG Greenpeace, que cree que el país podría empezar a perder playas en la próxima década. Esta alarma se desprende del informe titulado 'Crisis a toda costa 2024', que constituye un análisis de la situación del litoral frente a las amenazas futuras.

El informe señala que no existe una región costera en España que esté libre de riesgos derivados de la urbanización excesiva, la construcción de infraestructuras como diques y paseos marítimos, la contaminación y la alteración de cauces fluviales. Estas prácticas han creado desequilibrios que han conducido al retroceso y la pérdida de playas, eliminando su función protectora natural y poniendo en peligro a millones de residentes en las zonas costeras. Además, la turistificación de ciudades costeras como Barcelona, Palma y Valencia está exacerbando el problema.

A estos problemas se suman otros, como la subida del nivel del mar, que según las previsiones de la NASA provocará la pérdida de playas a lo largo de toda la costa. El informe recuerda la regla de Bruun, que indica que por cada centímetro que sube el nivel del mar, la costa retrocede un metro. Las proyecciones para 2030 sugieren impactos severos en ciudades como Barcelona, Vigo y Cádiz, con la pérdida de más de 40 metros de costa en algunas áreas y hasta 70 metros en otras.

El calentamiento de los mares y océanos también está intensificando las olas de calor marinas, afectando la biodiversidad y la salud de los ecosistemas marinos. Las altas temperaturas provocan una disminución del oxígeno disuelto en el agua y acidificación, factores que, según la Agencia Europea de Medioambiente, conforman un «trío letal» que daña la vida marina y afecta la pesca y el marisqueo. Además, el aumento de la evaporación del agua contribuye a la formación de fenómenos meteorológicos extremos, como las DANA y ciclones, que intensifican los daños por inundaciones.

Greenpeace destaca que muchas ciudades, como Murcia, Palma, Gerona y Cartagena tienen más de 15.000 viviendas situadas en zonas propensas a inundaciones. La organización advierte que la costa ha sido deformada durante décadas sin considerar adecuadamente las consecuencias, y que la falta de acción efectiva ante la crisis actual podría resultar en mayores costos económicos y humanos.

Para enfrentar estos desafíos, Greenpeace propone una serie de soluciones. Sugiere que una reducción moderada de las emisiones de gases de efecto invernadero podría evitar el 40 % del retroceso de las playas a nivel mundial. También aboga por la implementación de medidas de adaptación a nivel municipal, autonómico y estatal que minimicen los daños y ofrezcan soluciones duraderas. Las soluciones actuales, como la regeneración artificial de playas y la reconstrucción de infraestructuras, han demostrado ser insuficientes, ya que cada nuevo temporal destruye estas intervenciones costosas sin abordar la raíz del problema.

La ONG recomienda adoptar soluciones locales adaptadas a las características específicas de cada tramo de litoral, pero implementadas de manera urgente y con la participación activa de las administraciones y la ciudadanía. Protegiendo y conservando las playas, se podría obtener un beneficio económico y ambiental significativo en comparación con permitir su deterioro continuo.

La organización también propone limitar la turistificación masiva mediante la restricción de vuelos y cruceros, la implementación de tasas por pernocta que financien la mejora de servicios públicos y la regeneración de ecosistemas, y la limitación de alojamientos turísticos. Además, sugiere que la planificación urbanística e infraestructural debe tener en cuenta las previsiones del cambio climático, y aboga por la conservación y expansión de marismas y humedales, que actúan como amortiguadores naturales frente a la energía del mar.

Finalmente, instan a revisar los deslindes que definen el dominio público marítimo-terrestre para asegurar una adecuada protección frente a fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar, así como a recuperar zonas inundables y fomentar la investigación científica sobre los impactos de las barreras artificiales y el cambio climático en los ecosistemas y la salud humana.