España pierde hasta un 25 % del agua destinada al consumo humano

El reto de gestionar de forma correcta el agua de un país no es sencillo. España es una prueba: zonas que sufren sequía, otras que están en superávit hídrico y otras en las que la falta de infraestructuras se hace patente. Las nuevas realidades hídricas implican eventos meteorológicos extremos, que incluyen tanto sequías como inundaciones, motivo por el que los gobiernos deberían hacer una reforma de la gestión del agua.

Es lo que pide Oikos, una entidad autónoma que propone un discurso «coherente, eficaz y razonable» para afrontar los desafíos medioambientales del siglo XXI y que se define como «el ecologismo alternativo liberal conservador». Desde este think tank lo que se propone es crear una Autoridad Nacional del Agua que lidere un nuevo modelo de gobernanza y afronte los nuevos retos climáticos, lastrados por un déficit anual de 3.000 millones de euros, entre el 75 y el 85 % de las necesidades de renovación de infraestructuras de nuestro país.

De esta forma, en su informe 'El agua en España' apuntan que es necesaria una reforma que incluya una mayor racionalización de las competencias alrededor del agua, un refuerzo de las capacidades técnicas y el capital humano supervisor, así como una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Según explican, este cambio en la gobernanza pasa también por modernizar y fortalecer las confederaciones hidrográficas y por la creación de un fondo nacional que permita «modernizar redes, construir desaladoras, aumentar la reutilización, así como avanzar en el impulso de otras soluciones que requieren las infraestructuras de nuestro país».

«Inundaciones y sequías representan dos caras de la misma moneda en el contexto del cambio climático, y España enfrenta un déficit significativo en inversión en infraestructuras hidráulicas que podrían prepararnos mejor para estos fenómenos cada vez más extremos», afirma Toni Timoner, cofundador de Oikos y coordinador del informe. «En numerosas Confederaciones Hidrológicas, el grado de ejecución de las inversiones planificadas es alarmantemente bajo, situándose por debajo del 50 % en proyectos y obras críticas para mitigar el riesgo de inundaciones», agrega Timoner.

Pérdida de agua y desalación solar

El informe que presenta Oikos aporta también datos relevantes. Según calculan, el 25 % del agua potable suministrada se pierde, lejos del 10 % de referencia internacional considerado mejor práctica. Esto, además de suponer una disminución del agua dulce disponible para el consumo humano o la agricultura implica también un aumento de los costes para usuarios finales.

De igual manera, destacan que se producen grandes volúmenes de pérdidas en comunidades que precisamente presentan un alto estrés hídrico, como Extremadura y Castilla-La Mancha, donde se supera el 30 %. Canarias, Andalucía y Baleares sobrepasan el 25 % y solo la Comunidad de Madrid, con el 13 %, se acerca al objetivo internacional.

Oikos destaca en el trabajo que la agricultura consume el 60 % del agua en España, pero constituye un sector estratégico para la economía, ya que aporta el 14 % del valor total de la producción agraria en la Unión Europea y hasta el 23 % en frutas y hortalizas.

En este contexto, el think tank resalta que la desalación fotovoltaica podría hacer competitivos prácticamente todos los cultivos y plantea esta tecnología como una solución viable para la cuenca mediterránea. Esta alternativa permitiría abordar problemas graves como los pozos ilegales y la sobreexplotación de acuíferos, especialmente en regiones con elevados índices de explotación de agua. «Con un impacto ambiental mínimo, la desalación ofrece un suministro de agua robusto, estable y seguro, siendo una tecnología consolidada y viable tanto técnica como económicamente», concluye el informe.